DS(P) nº 79/5 del 9/10/2002

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoras, señores Procuradores, buenos días. Se reanuda la sesión con el duodécimo punto del Orden del Día, que el señor Secretario enunciará.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a subvenciones finalistas para adaptación de edificios e instalaciones municipales a la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para presentar esta Propuesta, en nombre de su Grupo, don José María Crespo tiene la palabra.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores y Procuradoras. La Proposición No de Ley que presenta en la mañana de hoy el Grupo Parlamentario Socialista tiene como objetivo tratar de impulsar el desarrollo de algún aspecto concreto, de algunos aspectos concretos de la Ley 3/98 de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas... de Supresión de Barreras en nuestra Comunidad Autónoma.

Hace tiempo que dijimos que la aprobación de la Ley de Accesibilidad y de Supresión de Barreras, así como el Decreto de desarrollo de las mismas, supuso por parte de nuestra Comunidad Autónoma, por parte de la Administración de Castilla y León un ejercicio de solidaridad importante, un ejercicio de reconocimiento hacia aquellas personas con cualquier tipo de discapacidad, y supuso el mandato imperativo a los poderes públicos, y también a la iniciativa privada, que en esta sociedad en la que vivimos no es posible hablar de equilibrio, no es posible hablar de justicia, no es posible hablar de integración, no es posible hablar de igualdad de oportunidades sin que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la misma puedan acceder tanto a los servicios públicos, tanto a los servicios de información, tanto a los servicios de educación, tanto a los servicios sanitarios, tanto a los servicios asistenciales, tanto a las posibilidades de empleo como el conjunto de las ciudadanas y de los ciudadanos.

Por lo tanto, siempre fue bien recibida por nuestra parte -y por eso colaboramos intensamente en la elaboración de la misma- la elaboración de esta norma y el posterior Decreto de desarrollo de la misma.

Sucede que a partir de ese momento comienza la necesidad de observar, de apreciar y de impulsar la aplicación de la misma para evitar que, sencillamente, los poderes públicos hubiéramos tranquilizado nuestras conciencias elaborando una norma correcta, una norma exhaustiva, una norma que fija y delimita obligaciones, y, a partir de ahí, esos mismos poderes públicos que promueven y que impulsan esa norma no establecieran los mecanismos de seguimiento y de impulso para la efectiva aplicación de la misma.

Y se nos ocurrió pensar en un aspecto parcial, en un aspecto sectorial, desde nuestro punto de vista relevante, desde nuestro punto de vista importante, por el carácter emblemático, por el carácter indicativo que el mismo había de tener. Y nos estamos refiriendo a la necesidad de proceder a la adaptación de los edificios públicos, de las dependencias públicas, y en este caso más concreto de las dependencias municipales, los servicios dependientes de los municipios, su adaptación a lo establecido en la Ley de Accesibilidad y en el Decreto de desarrollo.

¿Por qué decíamos o por qué nos hemos... o por qué hemos reparado inicialmente en la necesidad de impulsar la adaptación de estos edificios e instalaciones de titularidad municipal? Porque, sencillamente, nosotros pensamos que debe tener... debiera tener carácter ejemplificador. Si los ciudadanos perciben que las Administraciones Públicas, y en este caso Administraciones tan próximas a los ciudadanos como son los municipios, se esfuerzan y se empeñan en aplicar y en desarrollar lo establecido en la Ley de Accesibilidad, sin duda, ese carácter ejemplificador puede generar el efecto de estímulo imprescindible y necesario para agilizar el cumplimiento de la Ley en cualquier otro sector de nuestra Comunidad Autónoma.

Y, al mismo tiempo, pensábamos -seguimos pensando- que pretender adaptar los edificios de titularidad municipal a lo establecido en la Ley de Accesibilidad supone un esfuerzo económico importante, supone un esfuerzo económico, con toda certeza, fuera del alcance de las posibilidades económicas y financieras de las Corporaciones Locales de Castilla y León. Y, por lo tanto, nos parecía también que impulsar el esfuerzo económico de la Comunidad Autónoma para lograr la adaptación de esas dependencias municipales a lo establecido en la legislación ponía también en evidencia el coste económico que esto supone, y ponía también en evidencia que una Comunidad Autónoma que puede establecer regulaciones magníficas en torno a cualquier sector de la actividad, en torno a cualquier sector social que convive en el territorio de la Comunidad Autónoma, si posteriormente no viene dotado de los suficientes recursos presupuestarios, pues, sencillamente, habríamos estado dejando de cumplir con la función o con la voluntad que estaba en el origen de la norma que hemos aprobado.

Y, por lo tanto, es una iniciativa que no pretende hacer ningún tipo de reproche, que, sencillamente, pretende conocer el ánimo del Gobierno Regional, conocer el ánimo de la mayoría para impulsar la aplicación de esta norma en ese sector tan específico como es el sector municipal en Castilla y León, que de no recibir, de no tener el impulso, de no dotarse de los medios económicos, de no consignarse subvenciones finalistas que impulsen y que determinen la voluntad cierta de proceder a la supresión de barreras arquitectónicas en las dependencias municipales de la totalidad de los municipios de Castilla y León, sencillamente, estaríamos hablando de una ley de imposible cumplimiento, una ley que no cumpliría sus propios plazos, y, por lo tanto, estaríamos generando el efecto indeseable de suponer falta de credibilidad hacia una norma que nació con buena voluntad, pero por la insuficiencia de recursos económicos o la falta de voluntad para la dotación de esos recursos económicos no se procedería a su aplicación.

Por lo tanto -y con ello termino esta primera intervención-, es un aspecto muy concreto de desarrollo de la Ley de... de la Ley de Accesibilidad y de Supresión de Barreras, afecta a la totalidad de los municipios de nuestra Comunidad Autónoma, y nos parece que sería un buen ejercicio el que el Gobierno Regional se comprometiera a la creación de consignaciones y a la dotación de recursos suficientes, de carácter finalista, para la supresión de barreras y la mejora de la accesibilidad en el conjunto de las dependencias municipales de nuestra Comunidad Autónoma. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Enmienda a esta Propuesta.

LA SEÑORA HERNÁNDEZ CANDEAL:

Gracias, Presidente. Señor Procurador, estamos de acuerdo en la exposición primera -como no podía ser de otra manera-, puesto que ya todos sabemos que desde nuestra Constitución Española se contienen distintos mandatos dirigidos a los poderes públicos, que establecen como objetivo prioritario mejorar la calidad de vida de la población. Así, en el Artículo 49 -como usted bien cita en los Antecedentes de su Proposición- se dispone la necesidad de realizar una política de integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica. Se trata, en definitiva, de facilitar la igualdad de condiciones, lo que implica, por supuesto, la adaptación del mobiliario urbano y de la edificación en el caso de los disminuidos físicos. Esto conlleva la asignación de muchos recursos económicos.

Y yo creo que a lo largo de los años, desde mil novecientos noventa y ocho, se ha avanzado mucho en la eliminación de barreras en todas nuestras calles y en todos nuestros edificios, pero estamos de acuerdo en que debemos seguir avanzando. Y eso necesita una progresividad de aplicación, sobre todo económica.

La Ley que usted ha citado -la Ley 3/98, de veinticuatro de junio- tiene como objetivo garantizar la accesibilidad y el uso de bienes y servicios de nuestra Comunidad a todas las personas. Pero hemos de tener muy claro -y estoy segura que usted lo tiene- que la responsabilidad para conseguir este objetivo recae en las distintas Administraciones Públicas de Castilla y León y en los organismos públicos y privados implicados en estos temas.

El Artículo 34 de esta Ley establece que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán y harán cumplir lo dispuesto en la presente Ley y las normas de su desarrollo concerniente a la concesión de licencias urbanísticas. Estas condiciones nos llevan a la conclusión de que son los Ayuntamientos los primeros implicados en... y responsables en la accesibilidad.

¿Por qué digo esto? Primero, por las competencias de los Ayuntamientos en materia de urbanismo, así como en sus propios edificios. Y, en segundo lugar, porque los Ayuntamientos son los responsables de fomentar entre los particulares todo este tipo de actuaciones.

Sin perjuicio de esto, desde mil novecientos noventa y seis la Junta de Castilla y León viene efectuando todos los años unas convocatorias públicas de subvenciones con carácter anual para conceder ayudas económicas a Entidades Locales para todos estos temas, para atención a personas mayores y personas con discapacidad. Y, segundo, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, ha creado las aplicaciones presupuestarias correspondientes para atender las propuestas planteadas por las Entidades Locales en el dos mil dos.

Desde este Grupo apostamos por seguir trabajando en la eliminación de barreras arquitectónicas. Por ello le proponemos la siguiente Enmienda de Sustitución, que nos parece mucho más eficaz a la hora de conseguir recursos. La Enmienda dice lo siguiente:

"Que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a continuar con las actuaciones emprendidas, tanto a través de la suscripción de convenios singulares, enmarcados en el Convenio de financiación firmado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la ONCE para la gestión de Fondos Feder en actuaciones relativas a la accesibilidad y supresión de barreras, como mediante la consolidación del sistema de financiación, a través de las líneas de ayuda existentes dirigidas a los centros e instalaciones de servicios sociales de titularidad municipal, para su adaptación a la normativa autonómica en materia de accesibilidad y supresión de barreras".

Creemos, Señoría, que trabajando todos juntos conseguiremos mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos, que no dudo que es lo que ustedes y nosotros pretendemos. Por ello, yo confío en que acepte nuestra Enmienda de Sustitución. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, doña María Victoria. Para pronunciarse sobre la Enmienda, señor Crespo, tiene la palabra.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. A mí me parece una Enmienda buena la que ustedes presentan y nos podríamos poner de acuerdo, pero ya... si a ustedes les parece, si a usted le parece, sencillamente, con que, en lugar de plantearla como una Enmienda de Sustitución, ustedes la plantearan como una Enmienda de Adición, aprobábamos las dos iniciativas. Y, por lo tanto, creo que estábamos demostrando, pues, sin duda, la sensibilidad que, probablemente, compartamos en relación con una materia que requiere sobre todo sensibilidad.

Porque me da la impresión de que son iniciativas perfectamente complementarias. Ustedes se refieren y pretenden reconocer -y no tenemos ningún inconveniente- a que, pues, nada empieza de cero, y que, por lo tanto, viene habiendo una actividad a lo largo de los años progresiva de integración de personas con discapacidades y demás, y, por lo tanto, es un empeño razonable de la mayoría del Grupo Popular que cualquier iniciativa se encabece con la expresión "continuar con las actuaciones emprendidas". A partir de ese momento, pues ya sabemos, las actuaciones emprendidas a la Oposición nos parecerán insuficientes, a la mayoría le parecerán excesivas. Tampoco vamos a discutir eso. Y, por lo tanto, tampoco vamos a poner ninguna objeción en que aquí se han adoptado actuaciones en relación con la superación de las barreras. Y no tenemos inconveniente en reconocerlo. Pensamos que el ritmo no ha sido el adecuado, pero no es ésa la cuestión fundamental.

Sucede que, a partir de ese momento, ustedes van a un aspecto concreto, como es la consolidación del sistema de financiación a través de las líneas de ayuda existentes dirigidas a los centros, instalaciones de servicios sociales. Bien. Ése es un aspecto. Pero es que nosotros en nuestra iniciativa no hablamos sólo de los centros e instalaciones de servicios sociales; es que nosotros hablamos de la financiación de los costes de adaptación de edificios e instalaciones de titularidad municipal. Porque la Ley no habla sólo de que tengan que estar adaptados aquellos centros o instalaciones de carácter social o prestadores de servicios sociales; la Ley establece, con carácter general, cuáles son los edificios, cuáles son las prescripciones que deben cumplirse para la adaptación, y establece la construcción de nueva planta, la redistribución de espacios, el cambio de usos de edificios, establecimientos e instalaciones que se destinen a fines que impliquen concurrencia de público. No distingue que la concurrencia de público sea para actividades sociales o para el desempeño de servicios sociales; y ahí habla de edificios y servicios de la Administración Pública. Y ahí, por lo tanto, son cualquier dependencia de titularidad municipal. Pero dependencia de titularidad municipal es desde la casa consistorial a la casa de cultura, al colegio, al centro de salud, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, me da la impresión de que, con buena voluntad, podríamos aproximar las posturas para que... para que ambas Proposiciones No de Ley, ambas iniciativas, que -en nuestra opinión- son complementarias, pudieran ser aprobadas por estas Cortes de Castilla y León.

Pero es que, además, tampoco quiero discutir con usted aquí hoy los recursos que se destinan o la suficiencia o insuficiencia de los recursos que se destinan para la aplicación de esta ley. Yo simplemente le recuerdo que la propia norma establece un plazo de diez años para la adaptación de todos los edificios de titularidad pública a lo establecido en la ley. Y sin poner en evidencia a nadie ni a nada en este momento, porque -insisto- estamos hablando de una cuestión en la que, en mi opinión, corresponde expresar, sobre todo, sensibilidad, al ritmo de las ayudas establecidas por el Gobierno Regional para la adaptación de los edificios públicos a lo establecido en la ley, en diez años, el 85% de las dependencias públicas de nuestra Comunidad Autónoma quedarían fuera de la ley; al ritmo inversor al que vamos, en diez años, el 85% de las dependencias públicas de nuestra Comunidad Autónoma quedarían al margen de la ley.

Le insisto, además, en el carácter ejemplificador, en el carácter ejemplificador que pudiera y debiera tener una actuación urgente en materia de adaptación de este tipo de dependencias respecto de otro tipo de edificios de titularidad privada, pero de uso público, de concurrencia de público, y que van a tener... en torno a los cuales vamos a tener especiales dificultades para su progresiva adaptación a las personas con discapacidad.

Por lo tanto, señora Procuradora, yo creo... yo creo que la sensibilidad se demuestra con el ejercicio de las competencias que tenemos. Yo creo que usted tiene que ser consciente conmigo que las competencias municipales en esta materia son las que son y, por lo tanto, son innegables, pero sería desconocer la realidad de Castilla y León pretender que todos los Ayuntamientos, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, pudieran con sus propios medios proceder a la aplicación en sus términos municipales, en sus dependencias municipales, en las instalaciones que dependen de los mismos, con sus propios medios, proceder a la adaptación de los mismos, en aplicación de la Ley de Supresión de Barreras.

Usted sabe que, sencillamente, eso es imposible; y, por lo tanto, pretender escudarnos en una falta de impulso desde el ámbito autonómico sobre la base de que estamos hablando de competencias municipales, nos da la impresión de que es... en fin, no tener excesiva voluntad de contribuir a impulsar la solución de estas cuestiones.

Termino diciéndole que yo estoy encantado de aceptar su Propuesta de Resolución. Discúlpeme que no se la acepte como sustitución, más bien como complemento. Y, por lo tanto, le sugiero que, con toda naturalidad, como una Enmienda de Adición, aprobemos las dos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Doña María Victoria Hernández Candeal tiene de nuevo la palabra para la réplica.

LA SEÑORA HERNÁNDEZ CANDEAL:

Gracias, señor Presidente. Agradezco la naturalidad que muestra el señor Procurador, pero no podemos aceptar nuestra Enmienda como una enmienda de adición. En primer lugar, porque yo no sé si, a lo mejor, en la redacción usted no ha acabado de entender nuestra Enmienda. Pero no solo nos referimos... o no solo pretendemos referirnos a los servicios sociales o a los centros de servicios sociales, sino a todos los centros y a los centros de titularidad municipal, puesto que la Enmienda tiene dos partes.

Y en su Propuesta de Resolución usted nos dice "que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta a establecer y dotar con suficiencia una línea de subvenciones finalistas". La línea de subvenciones ya existe; es decir, lleva funcionando desde mil novecientos noventa y seis, y se ha creado una nueva en el dos mil dos. Y no sabemos cuál sería para usted la cuantía suficiente. Porque estoy de acuerdo que a todos nos gustaría tener muchísimo más dinero para estos temas, y por eso creemos que nuestra Enmienda es la correcta.

Hubo unos convenios a tres bandas firmados entre los Ayuntamientos, el Ministerio, la Junta y la ONCE. Pero, mire usted, usted me decía que nos excusamos en los Ayuntamientos y que con ello demostramos la falta de voluntad en solucionar los problemas. Y yo, desde luego, desde esta Tribuna, voy a negar esa afirmación rotundamente. La Junta de Castilla y León se esfuerza desde el año mil novecientos noventa y seis en la eliminación de barreras; pero algunos Ayuntamientos, mire usted, no se esfuerzan tanto.

Yo le voy a poner un ejemplo que conozco, que creo que es muy clarificador: el Ayuntamiento de Soria, de mi capital, tiene cada año... durante los tres últimos años ha tenido una dotación presupuestaria para eliminación de barreras arquitectónicas de 30.000.000 de pesetas. Mire usted, ¿sabe cuánto ha ejecutado el Ayuntamiento de Soria en eliminación de barreras arquitectónicas? Cero, cero euros, cero patatero. Mire usted, el Ayuntamiento de Soria tenía firmado anteriormente, cuando el Gobierno era del Partido Popular, un convenio con la ONCE; el Ayuntamiento de Soria ha perdido, a lo largo de estos tres años, por no renovar ese convenio, 30.000.000 de pesetas cada año. O sea, no me diga que el Partido Popular está buscando excusas, porque en ningún momento busca excusas. El Gobierno del Partido Popular crea líneas de financiación, pero algunos Ayuntamientos suyos ni siquiera son capaces de gastar la partida presupuestaria que ellos consignan. O sea, no me hable de excusas, porque no se lo voy a aceptar. Porque este Partido, el Partido Popular, ha trabajado y seguirá trabajando en la eliminación de barreras arquitectónicas. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para fijación de posiciones, en ausencia del Grupo Mixto, pues... el turno este no... El Proponente fija el texto definitivo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. ¡Qué pena!, ¿no? Lo bien que lo había hecho usted, o aparentaba que lo había hecho usted, ¿y aquí venía con un eslogan para hacer oposición al Ayuntamiento de Soria? ¿Esa es la conclusión que usted ha sacado de un debate sobre la mejor manera de impulsar la supresión de barreras arquitectónicas? ¿Es para eso para lo que la hacen a usted salir hoy aquí? ¿Para hacer oposición al Ayuntamiento de Soria? ¡Hombre!, ¡hombre!, no desprecie usted al Parlamento. El Ayuntamiento de Soria, pues, tiene sus mecanismos de oposición, de seguimiento del Presupuesto... Serénese, señor Marqués, serénese, haga usted el favor, ¿eh?, que uno ha empleado el tono que creía que la ocasión merecía, y se ve sorprendido a estas horas de la mañana de que ustedes envían aquí a una señora Procuradora a hacer oposición al Ayuntamiento de Soria para explicarnos la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Soria. Son ustedes ridículos, ridículos. (Voces).

Fíjese, fíjese, el Ayuntamiento de Soria consigna 30.000.000 de pesetas para la supresión de barreras arquitectónicas y no los ejecuta. ¿Sabe usted lo que consigna el Gobierno Regional para la reposición de obras y equipamientos en el sector de personas con discapacidad? ¿Lo sabe usted? Cincuenta y dos mil quinientos setenta euros; eso me parece que son 8.000.000 de pesetas. Eso está aquí, en el Presupuesto. Eso es lo que consignan ustedes para la reposición de obras y equipamientos, sector personas con discapacidad.

Tienen ustedes otras cuantías destinadas a contribuir a la puesta en funcionamiento de recursos locales que favorezcan la permanencia de personas con discapacidad en su ambiente habitual. Tienen ustedes algunas líneas de ayuda para la posibilidad de obtención del carné de conducir a personas con discapacidad; para la mejora de la infraestructura regional de centros de atenciones... de atención a personas con discapacidad. Y todo eso supone un porcentaje ínfimo, ínfimo del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Pero para lo que ustedes no consignan ni un solo duro, ni un solo duro, es para ayudar a aquellas instituciones a las que ustedes, por ley, les obligan a adaptar sus instalaciones; ustedes no consignan ni una sola peseta para que esas instituciones se adapten a los contenidos y a las prescripciones que ustedes han establecido en la ley.

Y, por lo tanto, ya que usted ha venido aquí a hacer oposición a Soria, yo lamento tener que hacerles oposición a ustedes en la forma en la que van a desarrollar o están desarrollando la Ley de Supresión de Barreras. Porque ustedes han cumplido el trámite de aprobar esa ley, y luego no están haciendo absolutamente nada para que esa Ley, la aplicación de esa ley llegue a todos los rincones de nuestra Comunidad Autónoma y, sobre todo, a las personas que necesitan de la aplicación de esa ley en entornos en los cuales las únicas dependencias que tienen a su alcance son las dependencias municipales, y no pueden acceder a ellas, como consecuencia de que ustedes no destinan ni una peseta para la adaptación de esas instalaciones en el medio rural a lo establecido en la Ley de Accesibilidad.

Y, si hace falta, hablamos hasta de cómo están estas Cortes de Castilla y León: imposibles de acceso para personas...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, guarden silencio.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: ...

. con discapacidad. Y me viene usted aquí a justificar 30.000.000 de pesetas que el Ayuntamiento de Soria ejecuta o deja de ejecutar. Sencillamente patético lo que a usted le han hecho hacer aquí esta... esta mañana.

Y, mire, son ustedes muy dados... y estamos a la espera de la segunda descentralización, y estamos a la espera del nuevo Pacto Local, y estamos a la espera de ver cuántas más obligaciones -que, en la lógica con la que ustedes establecen obligaciones para otro, más que obligaciones, son marrones- ustedes adjudican a los Ayuntamientos sin ningún compromiso presupuestario. Y nuestros Ayuntamientos tienen que soportar y mantener el coste y el sostenimiento de los centros escolares, porque nuestra Comunidad Autónoma no quiere destinar una perra para el coste de mantenimiento de los centros escolares. Y nuestros Ayuntamientos tienen que mantener y sostener el coste de las estaciones depuradoras, porque nuestra Comunidad Autónoma no financia el coste del sostenimiento de las estaciones depuradoras en el medio rural. Y nuestros Ayuntamientos van a tener que hacer, por su cuenta y con sus medios, la aplicación de la Ley de Supresión de Barreras porque el Gobierno Regional no va a destinar una perra para que los Ayuntamientos puedan adaptarse y adaptar sus instalaciones a la supresión de barreras.

Quédese usted con su oposición al Ayuntamiento de Soria, porque ustedes lo que han demostrado hoy aquí es lo que nos suponíamos: sensibilidad, cero; en materia de personas que tienen discapacidades, que necesitan de lo público y que necesitan de la atención y del esfuerzo de lo público para poder participar de esta sociedad, ustedes sencillamente mienten, y hoy aquí lo han demostrado. (Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Vamos a proceder a someter a votación la propuesta que acaba de ser debatida. Quienes estén a favor, levanten la mano. Muchas gracias. ¿Los que estén en contra? ¿Hay abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y cuatro; veintiuno a favor y cuarenta y tres en contra. Queda, por lo tanto, rechazada.

Y el señor Secretario le ruego proceda a enunciar el siguiente punto, que es el decimoquinto.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Comercio de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para la presentación del Proyecto por... en nombre de la Junta, el señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo, señor Vallvé, tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR GONZÁLEZ VALLVÉ):

Señor Presidente. Señorías. Señores Procuradores. Como Sus Señorías saben, nuestro Estatuto de Autonomía confiere competencias a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia.

El ejercicio de esta competencia debe, además, respetar al máximo los derechos de los consumidores y usuarios, cuyos legítimos intereses económicos, así como su salud y seguridad, deben de ser protegidos por los poderes públicos, tal y como señala el Artículo 51 de la Constitución Española.

El Proyecto de Ley de Comercio de Castilla y León, que hoy me cabe la satisfacción de presentar ante esta Cámara, pretende, por un lado, ser la expresión definitiva de la plena asunción de esas competencias en las materias señaladas por el Estatuto y, por otro, ser el... el referente -perdón- normativo fundamental para el sector comercial de nuestra Comunidad y para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.

Este Proyecto de Ley trata, por tanto, de satisfacer tanto las necesidades que los consumidores vienen sintiendo como los comerciantes; y ello por la profunda modificación de las estructuras comerciales, así como por la evolución que la actividad comercial en sí misma ha venido manifestando en sus formas de desarrollo y en el asentamiento de nuevos sistemas de comercialización de bienes y servicios.

Con el riguroso respeto a la legislación estatal reguladora del comercio minorista, Ley 7/96, de dos de enero, se ha elaborado este texto, atendiendo a las peculiaridades propias de Castilla y León y a su realidad socioeconómica en el ámbito comercial.

Asimismo, se ha tenido en cuenta la normativa comunitaria sobre la materia y se han incorporado disposiciones de aplicación en la Unión Europea, sobre todo en lo que afecta a los derechos de información de los consumidores y a la calidad de los productos adquiridos por estos.

También ha resultado ser un referente principal las normas propias hasta ahora vigentes en materia de comercio, dado que la nueva Ley pretende ser una mejora y una adaptación a los nuevos tiempos, y no una fractura por una normativa que ha servido para estructurar de forma adecuada el sector comercial en Castilla y León.

Así, se han refundido en un solo texto toda la normativa básica que afecta al sector del comercio, con lo que se derogaría la Ley 2/96, de dieciocho de junio, de Equipamientos Comerciales de Castilla y León, y la Ley 11/94, de dieciocho de julio, sobre infracciones y sanciones en materia de horarios comerciales, acomodándose a la Ley Estatal 7/96, de quince de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, e introduciendo aquellas novedades o matizaciones que resultan importantes para la correcta ordenación del sector comercial en Castilla y León.

El Proyecto de Ley ha sido sometido a la opinión de todos los implicados o relacionados con las materias que en el mismo se regulan, siendo en su día informado por el Consejo Castellano y Leonés de Comercio, el Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios y el Consejo Económico y Social de Castilla y León; además de haber sido sometido a la consideración del resto de las Consejerías del Gobierno Regional y al preceptivo informe de la Asesoría Jurídica General.

En esta labor previa de elaboración, he de destacar que se ha intentado y buscado el necesario consenso en la satisfacción de todos los intereses, que, en muchos casos, como Sus Señorías conocen, no han de calificarse de dispares y contrapuestos.

El texto del Proyecto consta de sesenta y tres artículos, dos Disposición Transitorias, una Derogatoria y dos Finales, estructurándose en cinco Títulos.

La Ley presenta en sí misma importantes novedades que es preciso destacar, como el establecimiento de las definiciones de la actividad comercial y sus tipos: la minorista y la mayorista. En tales definiciones se han incorporado a la regulación administrativa en esta materia aquellas prestaciones de servicios que reúnan las características de la actividad comercial y deriven de la misma.

El Proyecto de Ley presenta, en su Título I, una serie de principios generales informadores del sector en Castilla y León, entre los cuales, preeminentes, resultan la adecuación del sistema de equipamientos comerciales al equilibrio territorial de la Comunidad, fortaleciendo el sistema urbano tradicional de nuestras ciudades y potenciando el desarrollo equilibrado de los núcleos rurales.

Asimismo, la promoción del desarrollo económico y la modernización de la actividad comercial, con el objetivo final de incrementar la capacidad de competencia de las empresas y garantizar una ocupación laboral estable en el sector. Y, por supuesto, todo ello dentro del principio irrenunciable del máximo respeto a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

En el texto legislativo se consolida y potencia el funcionamiento del Consejo Castellano y Leonés de Comercio como órgano consultivo de las Administraciones Públicas en las materias relacionadas con el sector comercial, otorgando a sus funciones la máxima previsión normativa, tanto sobre su existencia como sobre su eficacia.

Adaptando las últimas transferencias estatales sobre defensa de la competencia, se prevé la regulación del sistema administrativo de defensa de la competencia en el sector comercial, como garantía de que la libre y leal competencia será un principio básico de funcionamiento del sector, donde se impedirán las prácticas restrictivas de la competencia y los actos de competencia desleal en el proceso normal de distribución de bienes y productos.

Destaca, asimismo, del Título I del Proyecto, el hecho de que por primera vez se establece un régimen para la devolución de los bienes y productos, al definir el Proyecto las características principales de la oferta comercial. Esta devolución, si se publicita por parte del comerciante, será vinculante para el mismo en las condiciones que se hayan fijado.

En el Título II se refleja la adecuación de los planes de equipamientos comerciales al modelo territorial con el que se dote la Comunidad Autónoma.

Se establece la coexistencia del Plan General de Equipamiento Comercial de Castila y León y los planes territoriales de equipamiento comercial. Ambos instrumentos de planificación están coordinados por la Administración Regional, pero en los planes territoriales se atribuye un papel fundamental a la Administración Local como sujeto capacitado para activar su instrumentalización y su redacción.

Recoge también la Ley la necesidad de la implantación de una tasa en los procedimientos de solicitud de licencia comercial específica para la instalación de grandes superficies comerciales, haciendo recaer en los peticionarios el coste específico que supone la actuación administrativa en estos complejos expedientes.

La implantación de la mencionada tasa se lleva a cabo con plena observancia de lo establecido en el Título II de la Ley 12/2001, de veinte de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.

También se distingue por primera vez entre los denominados "grandes establecimientos comerciales", "medianos establecimientos comerciales" y los establecimientos comerciales denominados de "descuento duro", como establecimientos sujetos a licencia comercial específica que habrá que otorgarse tras un proceso en el que se valore su adecuada integración con el resto de las estructuras comerciales.

Materializada esta diferenciación entre los grandes establecimientos y los medianos establecimientos comerciales, sometidos ambos a la necesidad de licencia en función de la Administración autorizante -para los primeros la Comunidad Autónoma y para los segundos las Entidades Locales interesadas-, se ligan ambas autorizaciones a las previsiones del Plan General de Equipamiento Comercial y, para el caso de las medianas superficies, también a la existencia de planes territoriales de equipamiento comercial; todo ello en el marco de referencia al urbanismo y a la ordenación del territorio.

Por ello, en esta materia se mantiene la conexión entre la legislación urbanística y el equipamiento comercial, al relacionar la tramitación de las licencias comerciales a dicho procedimiento de tramitación de instrumento urbanístico, que en su caso ampare la solicitud de licencia para el gran establecimiento comercial.

Asimismo, tiene cabida, por vez primera también, en una norma de estas características el concepto de establecimiento comercial de carácter colectivo y el de parque temático, asegurando de esta manera una adecuada... una adecuación -perdón- de la norma a los modernos sistemas de distribución comercial.

En el Título III de la Ley se recogen las normas que afectan a las actividades comerciales de promoción de ventas, con una diferenciación de los requisitos generales aplicables a todas ellas, estableciendo después un régimen específico aplicable a cada uno de los tipos de ventas: las ventas en rebajas, las ventas de saldos, las ventas en liquidación, las ventas con obsequio, las ventas en oferta y las ventas directas realizadas por el fabricante, en los que destaca la limitación temporal a las llamadas "ventas en oferta o promoción de venta".

Es a partir de aquí donde se hacen más evidentes aún las pretensiones que tiene este Proyecto de Ley de lograr una adecuada protección de los derechos de los consumidores y usuarios de nuestra Comunidad.

El Título IV regula de forma detallada las llamadas "ventas especiales" que se realicen en el territorio de Castilla y León y, asimismo, la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios. Y señala, en capítulos dedicados a las ventas a distancia, las ventas automáticas, las ventas ambulantes y las ventas a domicilio, las principales reglas y requisitos aplicables a estas modalidades.

Tanto para las actividades comerciales de promoción como para las ventas especiales, es indudable la decisiva importancia de la competencia estatal exclusiva sobre la legislación mercantil y, sobre todo, de la normativa comunitaria que transforme las regulaciones aplicables a los nuevos tipos de venta comerciales, por lo que el Proyecto se ha redactado en ciertos aspectos de forma flexible, a fin de poder adaptar el texto legislativo a las variaciones que en su caso puedan producirse.

En el Título V se hace un desarrollo pormenorizado del sistema de inspección del comercio, así como de su régimen sancionador. La correcta aplicación de los principios y fundamentos establecidos a lo largo de la Ley constituye una condición imprescindible para la correcta implantación del sistema comercial que se pretende establecer.

Es de destacar en este aspecto la permanencia en el tiempo del sistema sancionador propuesto, al especificarse en el Proyecto que su aplicación corresponderá a aquellas Administraciones Públicas de Castilla y León con competencia en materia de comercio interior, previendo en última instancia posibles transferencias que esta materia... que en esta materia puedan producirse.

Por último, destacar que el Proyecto de Ley, en su Disposición Transitoria Segunda, establece la suspensión temporal del otorgamiento de licencias comerciales específicas, por un plazo máximo de un año desde la aprobación de la Ley, en tanto se actualiza el Plan General de Equipamientos Comerciales actualmente vigentes a los principios objetivos establecidos en la Ley.

Estoy seguro que con el debate parlamentario y con las sugerencias y aportaciones que Sus Señorías realicen durante el mismo acabarán enriqueciendo y mejorando este Proyecto de Ley.

Y para concluir, me gustaría resumir sobre él tres características que considero son las que pueden definir este Proyecto: primero, entendemos que es una Ley necesaria, por tal y como está en este momento la situación del sector; segundo, es una Ley que, efectivamente, su objetivo prioritario es la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, pero debe de entrar también... tiene que entrar también a regular lo que podría parecer, en primera impresión, como una contraposición de intereses entre el comercio tradicional y las grandes superficies.

Es cierto que la extensión de las grandes superficies, que ha venido a favorecer en algunos casos la competencia, podría o puede haber influido en una estructura urbana de nuestras ciudades, y puede... podía o puede haber influido en el pequeño comercio.

En consecuencia, Señorías, yo pediría para esta Ley, para la tramitación de esta Ley, para su redacción, el necesario grado de acuerdo -que entiendo debemos de conseguir entre todos- para dar a nuestra Comunidad una Ley de Comercio que esté a la altura del desafío que ello supone para nosotros. Nada más, Señorías. Muchísimas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Consejero. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Enmienda a la Totalidad, proponiendo la devolución de este Proyecto de Ley que acaba de ser presentado a la Junta. Para la defensa de esta Enmienda, y en nombre de su Grupo, don Jorge Félix Alonso Díez tiene la palabra.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Gracias, señor Presidente. El Grupo Socialista hemos presentado una Enmienda a la Totalidad pidiendo la devolución de este Proyecto de Ley al Gobierno, porque entendemos que este Proyecto de Ley, que consideramos necesario, desde luego, llega tarde; llega después de muchas promesas incumplidas por parte del Partido Popular de sacar adelante una Ley de Comercio. Y, desde luego, este Proyecto de Ley, según está actualmente redactado, no resuelve ninguno de los problemas que tiene el sector.

Yo creo que hoy mismo los medios de comunicación... tenemos conocimiento de nuevas medidas que se improvisan por parte del Gobierno Regional ante la implantación de una... de una superficie denominada "Equinoccio", en la cual todos sabemos hace años que se iba a implantar. Y, en puertas de la apertura, ante la repercusión negativa que va a tener en el sector del comercio, nos encontramos con el anuncio de las medidas que la Junta de Castilla y León pone en marcha para paliar la situación. Y, lógicamente, cuando hoy estamos debatiendo una Ley que tiene que servir para garantizar el futuro del sector del comercio en la Comunidad, nos encontramos con que nuevamente se recurre a la improvisación, porque el Proyecto de Ley, desde luego, no resuelve situaciones como las que nos va a crear en la Comunidad la apertura de esta nueva superficie.

Yo, desde luego, entiendo que éste es un ejemplo de cómo el Proyecto de Ley que hoy se nos presenta no resuelve los problemas que tiene la Comunidad, el que tiene el comercio de Castilla-León con las actuaciones que viene desarrollando el Gobierno Regional.

Yo entiendo que el Proyecto de Ley se nos presenta ahora más para cumplir las promesas electorales que debía de realizar el Partido Popular, que con la voluntad de acometer esas necesidades del sector.

Desde luego, no resuelve el problema de los horarios comerciales, no planifica para potenciar las fortalezas y combatir las debilidades del sector, no resuelven la competencia desleal y el intrusismo en el comercio, no garantiza los derechos de los consumidores, congela la creación de medianas superficies a partir de decisiones administrativas, minimiza la participación de los órganos... de participación con el tejido social y el tejido asociativo.

El órgano que crea para resolver los problemas de competencia desleal, desde luego, no es un órgano que le resuelva, en la medida de que el órgano está solamente reducido al ámbito comercial y la competencia desleal se produce en muchos más ámbitos que el simplemente comercial.

No aborda los problemas de descoordinación entre las inspecciones; es poco respetuoso con las Corporaciones Locales; y, desde luego, en todos los temas conflictivos pasa de puntillas sobre ellos.

Desde luego, hace referencia a la legislación estatal o europea más para justificarse que para entrar a incidir sobre esta legislación y sus repercusiones en el comercio de Castilla y León; es decir... esto es algo que hemos manifestado en más ocasiones. Es decir, el comercio en Castilla y León tiene unas características específicas que, lógicamente, deberían de contemplarse en esta Ley, y, al final, aquellas competencias que son del Estado o de la Comunidad Autónoma... perdón, o de la Comunidad de la Unión Europea, aquellas competencias, sigue sin aprovechar las posibilidades que tenemos a nivel de la Comunidad de Castilla y León para adaptar la legislación y su desarrollo a la realidad de nuestra Región.

La tasa que crea es una tasa más dirigida a dar la impresión de que se hace algo... que hacer algo realmente... Es decir... -esto es algo que hemos dicho en más ocasiones-, es decir, una tasa por apertura de nuevos establecimientos, de nuevas grandes superficies, una tasa de estas características... todos sabemos cuál es la situación actual de los equipamientos comerciales en la Comunidad, y, en consecuencia, una tasa de esas características es poco menos que inútil. Y, desde luego, si existe una voluntad de desarrollar una política para equilibrar las diferencias y las diferentes posibilidades que tienen de competir el sector del comercio tradicional con los grandes equipamientos comerciales, está claro que esa tasa no aporta absolutamente nada.

Es necesario que se pongan en marcha otras medidas, desde luego, como el Partido Socialista ha venido sugiriendo y planteamos... hemos planteado en las enmiendas parciales.

Luego entendemos que el comercio en Castilla y León, el comercio tradicional, la política que ha desarrollado la Junta de Castilla y León de cara al comercio tradicional ha estado más dirigida a la improvisación que al desarrollo de medidas específicas, como pudimos comprobar en que no existieran, hasta hace muy pocas fechas, líneas específicas para el comercio. Es decir, existían líneas enmarcadas dentro del contexto general de las líneas de ayuda a las empresas, pero no al comercio. Es decir, esto es un síntoma de esa improvisación que este Proyecto de Ley sigue sin resolver.

Nosotros nos parece que aun cuando la competencia de regulación de los horarios comerciales, básicamente, es de la Administración Central, pensamos que existen resquicios que deberían de contemplarse en la Ley para garantizar que dentro de la Comunidad la legislación estatal perjudica lo menos posible, y, desde luego, en ese sentido, nuestro partido ha presentado Enmiendas para aprovechar esas posibilidades que da el Decreto Ley que sacó el Gobierno de España.

La competencia desleal y el intrusismo en el sector del comercio es otra de las lacras que entendemos que la Ley tiene que combatir, y el Proyecto de Ley hace referencia... cita situaciones, pero realmente no resuelve cuándo está hablando de actividad comercial y cuándo otros sectores que no hacen actividad comercial sí que realizan actividad comercial. Quiero decir, de alguna forma se aprovechan de esa falta de indefinición. Entendemos que el Proyecto de Ley debería resolver ese tema. Nos parece que no se incluyen aspectos como la venta a través de subasta, que no se resuelve la situación de productos gancho que se utilizan para esa competencia desleal que entendemos que no se resuelve, o las ventas con obsequio, o las ventas realizadas directamente por los fabricantes, o las ventas realizadas por establecimientos que no son comerciales. Entendemos que el Proyecto de Ley requiere una reconsideración general que resolviera todo este tipo de situaciones.

Cuando hablamos de órganos de participación, el Proyecto de Ley, desde luego, minimiza esa situación, quiero decir, la presencia de los miembros de la Administración es superior a la presencia de los sectores, tanto de consumidores como de los propios agentes económicos del sector del comercio, cuando lo razonable es que, como mínimo, haya una paridad en esos órganos, cuando no la representación de los sectores de consumidores económicos del sector comercial fueran superior... como están en otras leyes de comercio de otras Comunidades Autónomas.

El problema de las grandes superficies, la creación de nuevas grandes superficies en relación con el sector del comercio tradicional no se aborda desde el Proyecto de Ley, lo que se hace es demorar... y nos lo anunciaba el Consejero en su presentación del Proyecto de Ley. Lo que se hace es demorar la apertura de nuevas superficies pero sin fijar criterios, es decir, nos parece que al final se deja en manos del Gobierno Regional la decisión definitiva de la apertura de nuevas grandes superficies, y nos parece que eso es lo que no debe hacer un Proyecto de Ley. Un Proyecto de Ley tiene que definir criterios para que, de alguna forma, cuando el órgano que corresponda tenga que resolver, tenga criterios marcados por este legislativo, por estas Cortes, que es quien, en definitiva, representa al conjunto de los ciudadanos. Y eso, desde luego, no lo hace el Proyecto de Ley.

Luego nos encontramos con sorpresas, como les decía al principio de mi intervención: con la apertura de centros que, desde luego, no se han articulado con las suficientes garantías, y se tiene que recurrir a las improvisaciones y al perjuicio, una vez que está tomada la decisión. Entonces, nos parece que el Proyecto de Ley debería de tener criterios para resolver esas situaciones.

Con las superficies medianas, o los denominados supermercados, yo creo que la situación es peor todavía. Es decir, se deroga en el tiempo la creación de superficies medianas, en función de unos planes que no queda definido quién tiene que crearles: les pueden crear los Ayuntamientos, les pueden crear la Junta. Al final, esos planes se pueden aplazar en el tiempo y encontrarnos con que... en el tiempo nos encontramos con que no se pueden abrir instalaciones medianas, supermercados, y, en definitiva, nos parece que la Ley tiene que tener claro como resolver la apertura de superficies medianas y supermercados.

Yo creo que un problema que sufren los administrados, y más los administrados que están en las actividades empresariales son las inspecciones. Es algo que hemos planteado en más ocasiones en esta Cámara, y lo cierto es que el Proyecto de Ley no resuelve la descoordinación que existe entre las diversas inspecciones que realiza la Administración Regional y la Administración Municipal. También entendemos que el Proyecto de Ley debería resolver ese tipo de situaciones.

De las Corporaciones Locales podemos decir que no existen apenas referencias a ellas, cuando tienen una de las responsabilidades más importantes en la ordenación del comercio y en el fomento del comercio. Yo creo que el Proyecto de Ley no contempla que una de las... uno de los artículos que se vende en los establecimientos comerciales son las bebidas alcohólicas; nos parece que el Proyecto de Ley debería de ser una oportunidad más para acortar aquellas posibilidades de venta de bebidas alcohólicas a menores y, en definitiva, ser coherente con otros planes y otras leyes que existen a nivel autonómico, dirigidas, fundamentalmente, a la prevención de las drogodependencias, y nos parece que el Proyecto de Ley debería de haber entrado en ese terreno.

Desde luego, el Partido Socialista presentamos esta Enmienda a la Totalidad con cierta preocupación, porque sabemos que esto demora algo más la aprobación de la Ley, pero nosotros, desde luego, no nos sentimos responsables que este Proyecto de Ley haya venido tan tarde a esta Cámara, y sí que nos parecía necesario que hubiera un debate global sobre qué medidas son necesarias para ordenar el sector.

En consecuencia, nosotros, desde luego, tenemos voluntad de que este Proyecto de Ley salga con el mayor consenso posible, porque somos conscientes de que esta devolución al Gobierno Regional no va a prosperar, y en esa voluntad estamos; pero entendemos que es necesario que todas aquellas carencias que hemos observado y que hemos manifestado en este... respecto a este Proyecto de Ley, entendemos que tienen que tener una reconsideración que haga posible ese entendimiento que entendemos necesario para este Proyecto de Ley que afecta de forma muy significativa a nuestra Comunidad. Y yo creo que el consenso sería un criterio necesario para respaldar este Proyecto de Ley.

Desde luego, si este Proyecto de Ley sale como está en este momento, entendemos que los grandes problemas que tiene el sector seguirán sin resolverse, entendemos que simplemente se habrá hecho algo para justificar que ya tenemos una Ley de Comercio en Castilla y León, y pensamos que habríamos perdido una oportunidad para, realmente, planificar el desarrollo comercial en el sector, y que no estemos sujetos, permanentemente, a las improvisaciones y a los sobresaltos que, desde luego, yo creo que es lo que menos contribuye a estabilizar la situación de cualquier actividad económica en Castilla y León.

En definitiva, nuestro Grupo plantea la necesidad de que se reconsidere globalmente el Proyecto de Ley, y, como tal, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Para consumir un turno en contra de esta Enmienda a la Totalidad, por el Grupo Parlamentario Popular, don Javier Marqués tiene la palabra.

EL SEÑOR MARQUÉS LÓPEZ:

Gracias, Presidente, Señorías. Desde el Grupo Popular, en primer lugar, queremos agradecer al Consejero de Industria el trabajo realizado en la elaboración de este Proyecto de Ley de Comercio y, desde luego, también a las personas que forman parte de su equipo y que están realizando un trabajo en esta área sin improvisación, un trabajo que vienen realizando desde hace mucho tiempo con el sector, con las distintas agrupaciones, al efecto de dotar a nuestro sector comercial de su primera Ley marco que lo regule y que, desde luego, sea un referente normativo para todo él de cara al futuro. Va a suponer, además, ejercer las competencias que en materia de comercio nos otorga el Estatuto y, desde luego, cumplir un compromiso más de nuestro partido para esta Legislatura.

Una Ley, yo creo que, necesaria para un sector muy importante en nuestra Comunidad Autónoma, un sector que da empleo a más de ciento quince mil personas, de las cuales ochenta y tres mil de ellas trabajan en pequeños comercios, en cincuenta mil pequeños comercios y diecinueve grandes superficies, cuyas ventas en total ascienden por encima de los 15.000 millones de euros, para un sector, además, que está en una continua y profunda, algunas veces, transformación. Por lo tanto, una Ley que tiene unos objetivos claros: el actualizar y agrupar la normativa existente, legislar sobre las nuevas competencias y establecer una nueva ordenación en el sector; todo ello para conseguir, fundamentalmente, equilibrar la competencia... equilibrar la competencia entre el comercio tradicional, las grandes áreas y las nuevas fórmulas de venta, dando, fundamentalmente, algo que prima en toda la Ley, que es el respeto al consumidor y buscando la modernización y competitividad, sobre todo, del comercio tradicional de nuestros entornos urbanos.

Yo creo que se ha realizado un trabajo importante con el sector, que en su gran mayoría comparte este Proyecto de Ley, porque se ha estado trabajando y dialogando con él. Es verdad que hay algunas asociaciones que plantean algunas matizaciones, y que nosotros queremos que sean objeto de debate en la Ponencia y Comisión -que va a suceder a este trámite- con el resto de Grupos, cuando tratemos las enmiendas parciales que han presentado. Nuestro Grupo mismo ha planteado diecisiete enmiendas y, desde luego, está en la mejor disposición para trabajar con las enmiendas presentadas por el resto de Grupos, al efecto de lograr la mejor Ley que podamos entre todos y, desde luego, con el máximo apoyo de esta Cámara.

Por lo tanto, son razones suficientes como para no compartir la Enmienda a la Totalidad, en la que se limita a descalificar casi en su totalidad a este Proyecto de Ley. Nos ha comunicado usted que comparten la necesidad de la Ley. Bien, de alguna manera, esta Enmienda a la Totalidad lo que hace es que no... no demasiado.

Por otra parte, nosotros hemos leído atentamente las noventa y ocho enmiendas parciales que han presentado, sobre las que nosotros estamos dispuestos a debatir y sobre las que creemos que podemos llegar a acuerdo en muchas de las planteadas, pero, de ellas, en ningún caso se deduce una Ley alternativa, sino propuestas de modificación, discrepancias parciales dentro de la misma línea propuesta por nosotros. Donde esas... es ahí, en las propias descalificaciones que han planteado ustedes, no encuentran la justificación debida. Si ustedes plantean una enmienda a la totalidad, tenía que estar justificada y razonada en las enmiendas parciales que lo razonasen y que, de alguna manera, fuese una alternativa a la que planteamos nosotros; pero eso no se deduce por ningún lado, salvo -y eso ahí sí que le respeto- que la dinámica parlamentaria, por la propia dinámica, ustedes quieran que se produzca ese debate y hoy, con el Reglamento actual, es la única manera. Y eso, evidentemente, estoy de acuerdo. Es decir, me parece bien que debatamos hoy, que hablemos en general de lo que es la Ley, pero, desde luego, que quede claro que ustedes dicen unas cosas en la Enmienda a la Totalidad y otras muy diferentes en las enmiendas parciales. Es decir, que no concuerdan.

Pero, de cualquier manera, yo creo que es importante que debatamos hoy esta Ley y que tratemos sus aspectos generales, entrando también -¿cómo no?- en algunas cosas concretas.

Bien. Entrando ya en las descalificaciones, voy a... ha puesto usted tantas que voy a intentar responder al máximo de ellas. Yo creo que no se trata de una simple reproducción de la legislación existente. Y aquí, tal y como le he dicho, actualiza y agrupa, legisla sobre nuevas y establece nueva ordenación; es decir, contiene... tiene bastante contenido, y, desde luego, tiene un efecto de establecer el que sea marco... el que sea referente en el futuro para el comercio.

Y, además, se ha tenido especial cuidado en no reproducir aquellas cuestiones que son competencia de otras Administraciones, y que deben ser complementadas, y que deben ser compartidas en su regulación por la Comunidad Autónoma; y que podíamos haberlo hecho. Pero hay leyes, como la de Extremadura, como la de Cantabria, Navarra o Baleares, que sí lo han hecho; pero, desde luego, aquí no se ha optado por eso. Se hace referencia, evidentemente, a que hay legislación nacional, pero no se ha repetido; por lo tanto, no vemos el porqué de esa afirmación.

También se trata de un Proyecto de Ley que no solo está justificado, sino que está esperado por el sector. Es decir, el sector tiene grandes esperanzas puestas en él como medio para ordenarlo y mejorarlo, y que se fundamenta en las importantes novedades que plantea -nos las ha dicho el Consejero-, es decir: un nuevo sistema de equipamientos comerciales; nueva definición de gran superficie; la creación de las medianas superficies comerciales, los establecimientos comerciales de carácter colectivo -que van a impedir en el futuro eso que ha comentado usted-; regulan por primera vez determinados formatos comerciales como el descuento duro o las ventas a domicilio; la creación de una tasa nueva que grava determinadas licencias; creación del servicio de defensa de la distribución comercial; se amplia la aplicación de la Ley también a determinados servicios; regula la Inspección de Comercio. Eso como elementos fundamentales que tiene otros aspectos menores.

Es decir, que no solo está justificado, sino esperado. Y, además, creemos que atiende las expectativas que tiene el sector y los consumidores.

También decirle que el texto del Proyecto de Ley marca los criterios y las determinaciones básicas del sistema regulador del comercio minorista. Eso para nosotros está claro: los criterios y las determinaciones básicas; ahora, los aspectos concretos, como usted sabe, serán objeto de reglamentos correspondientes, como en todas las leyes. Y así, una simple lectura del Artículo 5 y de sus diez apartados nos explica claramente los principios en los que deben de fundamentar las acciones los poderes públicos para conseguir eso que queremos todos: ese desarrollo armónico y esa modernización de la actividad comercial.

Por otra parte, estamos hablando de una ley que está llamada a ser el texto sobre el que pivoten una serie de reglamentos que se concreten ya las acciones, es decir, los distintos planes de equipamientos o el resto de previsiones que hace la ley. Es decir, la incorporación creemos que de aspectos puramente reglamentistas darían paso a un sistema rígido y, desde luego, poco operativo, especialmente para un sector como este, que evoluciona a gran ritmo. Por ejemplo -por ponerle un ejemplo-, cuando se regula el Consejo de Comercio de Castilla y León se establecen las funciones y los criterios, pero, desde luego, en ningún caso se tiene que decir los estamentos concretos que lo van a formar, puesto que estos pueden variar en el tiempo. Por lo tanto, se dicen los aspectos fundamentales, dejando para los reglamentos aquellas cosas que son cambiantes en el tiempo.

Tiene también memoria económica y justifi... de justificación de la tasa; tasa que se crea para la tramitación de expedientes de las distintas licencias comerciales. Se crea también el servicio de defensa de la distribución comercial -como le he dicho-, y, desde luego, no se plantea la justificación económica del mismo, porque se está en fase de negociación con la Administración Central y otras Comunidades Autónomas, hasta la determinación de su estructura y de sus funciones.

Y, desde luego, la aportación de recursos para un sector nunca viene dada por su específica ley; viene dada siempre por las leyes y los presupuestos de cada año, o por los planes comerciales plurianuales; pero nunca en una ley se aportan recursos para un sector. Lo que se plantea es los criterios generales, los planteamientos, los objetivos, que luego ya los presupuestos anuales llevarán las partidas concretas para... para esa ley. Y se dirá: pues ustedes cumplen o no cumplen, pero no tiene por qué llevar... y, de hecho, pocas leyes hay que llevan, salvo que plantee otra estructura, y esa estructura, sí, y es en el caso de la memoria justificativa que le digo que tiene la tasa, y la que, en caso de tener la estructura y funcionamiento del servicio de defensa de la distribución comercial, tendría que llevar. Pero como estamos ahora en esa fase de negociación, tanto de la Administración Central como del resto de las Comunidades Autónomas, se hará yo creo que más adelante.

Dice también que no marca criterios en la regulación de horarios comerciales; y es cierto, ya que -como usted sabe- los criterios básicos de la regulación de horarios comerciales son competencia estatal, y así fue establecido y aclarado en varias sentencias del Tribunal Constitucional, que determinaron, precisamente, la inconstitucionalidad de algunas normas autonómicas de los años ochenta.

Como usted sabe también, el Real Decreto-ley de... seis del año dos mil prorrogó hasta el uno de enero del dos mil cinco el sistema establecido en la Ley Orgánica complementaria del Comercio Minorista. No quedan resquicios, está muy clara y hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional que lo dicen claramente; y en ese momento, es decir, el uno de enero del dos mil cinco, la Administración del Estado de acuerdo con las Comunidades Autónomas procederán a establecer las bases del sistema nacional de horarios comerciales. En concreto, Extremadura introdujo regulación de horarios y, desde luego, el Tribunal Constitucional ha suspendido, precisamente, aquellos apartados en los cuales hablaba de esos horarios comerciales. Por lo tanto, no tiene ningún objeto el que incluyamos nosotros aspectos relacionados con los horarios comerciales.

Establece moratorias, una vez aprobada la ley, tanto para las grandes superficies como para las medianas: evidentemente. Eso no es actuar a la defensiva, eso es actuar con coherencia y, desde luego, que a partir de la aprobación de esta ley los principios establecidos en la misma sean los que rijan a la hora de aprobar todos los establecimientos y todas las... lo que prima la ley, ¿no? Por lo tanto, argumentar que es actuar a la defensiva el establecer esta moratoria, yo creo es un alegato en favor de los saltos al vacío o de la falta de previsión en un tema que yo creo que pone en funcionamiento sistemas complejos, puesto que hay que atender a mucha gente y que hay que, de alguna manera, revisar muchos aspectos que están relacionados, precisamente, con el sistema comercial, y que hace falta un mínimo de racionalidad; mínimo de racionalidad que lo tienen las leyes del resto de Comunidades Autónomas, que plantean moratorias, como en esta. Y le voy a decir: Cataluña, Baleares, Extremadura, por ponerle algunas que no sean de nuestro aire. Bien.

También decirle que los derechos del consumidor y su garantía, nosotros creemos que están presentes en todo el Articulado. Es decir, en el primero de los principios generales que plantea la ley dice: "Respeto a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios", y, desde luego, está plasmado en muchos otros, como cuando habla de promociones de ventas, en las que dice que "ningún sistema de comercialización puede inducir a error al consumidor", o también que se regula por primera vez el derecho al desistimiento; yo creo que son aspectos de respeto puramente al consumidor, y creo que además es uno de los fundamentos de esta ley.

Se marca también de una manera clara los criterios para la planificación del equipamiento comercial, marca también los principios de funcionamiento de la Inspección -aunque usted opine lo contrario-; Inspección que es específica, específica, de comercio, que no tiene nada que ver con la sanitaria. No puede haber una persona... que vaya un técnico que vaya a comprobar aspectos sanitarios y aspectos comerciales; son temas completamente distintos, que entendemos que deben de tener inspecciones completamente distintas.

También respeto máximo a las competencias y atribuciones de las Corporaciones Locales. Es decir, yo creo que les da más protagonismo en temas que les... que le preocupa mucho. El desarrollo de los planes territoriales de equipamiento comercial, precisamente, les da un campo que antes... y una cancha que antes no tenían, y yo creo que es importante. Otra cosa es que las quieran asumir o no, pero para eso está la Junta, en esa disyunción que usted dice que no sabe a quién le corresponde. Si la asumen los Ayuntamientos, son ellos; ahora bien, si no la asumen, a lo mejor es necesario que en determinados momentos los asuma la Junta. La Inspección de Comercio, yo creo que también les da cancha, y, desde luego, la regulación de la venta ambulante.

En cuanto al servicio de defensa de la distribución comercial, ya le he dicho antes que se está ahora mismo en conversaciones con la Administración del Estado y otras Comunidades Autónomas. No hay falta de diseño, sino el seguir la doctrina marcada por el Tribunal Constitucional y la ley estatal, de tal manera que los expedientes sobre conductas restrictivas a la competencia deben ser instruidos por el servicio regional que se va a crear para ser resueltos por el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia; todo ello en base al convenio que en estos momentos se está tratando de... de ejercer y de finalizar entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que definan su estructura y sus funciones. Bien.

Luego, también, enjuiciar la utilidad o inutilidad de una tasa tomando como referencia la posible recaudación, yo creo que también es absurdo. Yo creo que la... una tasa grava el tratamiento particularizado que, en términos de esfuerzo administrativo...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, vaya concluyendo.

EL SEÑOR MARQUÉS LÓPEZ:

(Sí, ahora mismo). ... tiene que realizar la Administración Regional para estudiar determinados expedientes complejos. Lo que ustedes proponen es un impuesto, que es un concepto radicalmente distinto y, además, que generaría -nosotros entendemos- una doble imposición entre el IAE y el IBI, que también cotizarán esas empresas. Y también decirle que la mayoría, por no decirle la totalidad, de las leyes autonómicas establecen esta tasa como herramienta en la tramitación de licencias comerciales, e incluso, además de Extremadura, Baleares y Navarra, Andalucía la ha modificado ahora en el mismo sentido que proponemos nosotros.

También decirle que hay otras instituciones y organizaciones del sector que están de acuerdo; evidentemente, con matizaciones, y, evidentemente, han hecho propuestas, pero propuestas ya concretas en temas parciales, como es el Consejo Económico y Social, que acoge favorablemente el Proyecto de Ley, que justifica su necesidad, que establece la necesidad de contar con un censo comercial, al cual estamos de acuerdo y quizá podamos...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, tiene otro turno más. Le ruego concluya esta intervención. Tiene otro turno.

EL SEÑOR MARQUÉS LÓPEZ: ...

. introducir alguna enmienda. Por lo tanto, quiero decir que... que, además del Consejo Económico y Social, hay otras asociaciones, y entendemos que... y cojo para finalizar lo último que ha dicho usted: las ganas de trabajar y de, entre todos, hacer una buena ley, y eso yo creo que ahí es donde está el camino.

Pero, desde luego, con la Enmienda a la Totalidad yo creo que no es camino. El camino es este: el de trabajar en las enmiendas para hacer la mejor ley, que sirva a los...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, es suficiente, por favor. Es la tercera vez que le llamo al... al tiempo.

EL SEÑOR MARQUÉS LÓPEZ: ...

. consumidores y a los comerciantes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

: ¡Hombre! Veinte minutos lleva. Para el turno de réplica, señor Alonso Díez, tiene la palabra.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias, señor Presidente. No voy a insistir en lo argumentado anteriormente. Sí insistirle, señor Marqués que, desde luego, nuestras enmiendas parciales están en coherencia con lo que hemos denunciado en la Enmienda a la Totalidad y lo que he anunciado anteriormente. Y yo le podía hacer una referencia... somera por el tiempo que ahora disponemos.

Primero, usted justifica alguna falta de concreción en posteriores desarrollos reglamentarios, que la ley tiene muchas citas a posteriores... o el Proyecto de Ley tiene muchas citas a posteriores desarrollos reglamentarios. Desde luego, los desarrollos reglamentarios no pasan por esta Cámara, y a nosotros nos parece fundamental que en el Proyecto de Ley quede clarificado todo aquello que luego no dé lugar a interpretaciones que no se correspondan con lo que pretendemos que tenga el Proyecto de Ley.

Y, desde luego, la experiencia que también tenemos es que hay un retraso en el desarrollo de la planificación; quiero decir, que luego en el Proyecto de Ley se pueden citar la elaboración de determinados planes, pero, posteriormente, la experiencia que tenemos es que esos planes no se hacen o se tardan mucho en hacer, y, en consecuencia, mientras eso se produce, se está perjudicando. Por eso queremos que el Proyecto de Ley... que la ley salga con todas las concreciones posibles.

No nos sirve el decir que hay competencias que son del Estado que la Comunidad no puede entrar en ellas, porque en el tema de horarios comerciales, sin... por concretar un tema conflictivo, indudablemente la competencia básica es del Estado, pero nosotros entendemos que los mínimos que fija el Estado queremos que sean máximos para Castilla y León. Eso sí que podemos hacerlo en nuestro Proyecto de Ley: fijar que los mínimos que en cada momento determine el Estado sean máximos para Castilla y León.

Y, desde luego, no es incompatible, y yo le plantearía, señor Marqués, si esto nos lo van a admitir, es que la ley determina una serie de descansos o de cierres que pueden realizarse los domingos, pero la ley no impide que aquel establecimiento que cierre los... que abra los domingos pueda cerrar entre semana. Es decir, esa es una enmienda que hemos presentado materializando una posible solución al tema de los horarios comerciales.

Yo le planteo, si eso nos lo piensan admitir... quiero decir: si abre los domingos, descánsese otro día entre semana. Eso, desde luego, la ley no lo prohíbe y nosotros..., digo el Decreto-ley del Gobierno del señor Aznar no lo prohíbe y nosotros podíamos aplicarlo en Castilla y León.

No planteamos un impuesto. Yo sé que éste es un tema que hemos debatido en más ocasiones: impuesto legal, no legal. Este tema nuestro Grupo le ha dado diversas vueltas, le hemos analizado en profundidad, y planteamos que haya una tasa por inspección, que, desde luego, no es incompatible con el sistema impositivo que existe actualmente. Porque la cuestión de la tasa que se plantea, ¿cuál es la que ustedes pretenden? ¿Es recaudar más o tener una medida que permita equilibrar o corregir las desigualdades que existen entre las posibilidades de competir las grandes superficies y el comercio tradicional?

Nosotros, desde luego, entendemos que las medidas de esas características no debe ser recaudar más, porque, además, es muy pequeña la cantidad que se recaudaría, sino que nos permita tener una disponibilidad económica que corrija las desigualdades a la hora de competir, las distintas posibilidades a la hora de competir que tiene el comercio tradicional con las grandes superficies. Y por eso planteamos una tasa que sí que tenga una periodicidad que nos permita disponer de una cantidad económica para poder corregir esas desigualdades.

Desde luego, si hay esa voluntad de que el Consejo Castellano-Leonés de Comercio se impulse, yo entiendo que deberían de tener en consideración las propuestas que hemos hecho, porque, desde luego, pretendemos darle protagonismo participando en el desarrollo reglamentario y que haya esa paridad. Quiero decir, eso, desde luego, está en consonancia con las críticas que le hacía anteriormente.

Y, desde luego, planteamos la creación de una comisión de coordinación entre las inspecciones para evitar lo que antes le denunciaba y usted me decía que las enmiendas parciales no tienen coherencia con la de actualidad. Y, desde luego, le estoy pasando los temas e insistiéndole que cada defecto que le vemos a la Ley le hemos plasmado en una enmienda parcial.

Y le puedo decir también que nosotros estas enmiendas las hemos analizado con los diferentes asociaciones... las diferentes asociaciones y las diferentes entidades que configuran el sector, tanto a nivel de usuarios como a nivel de agentes económicos. Entendemos que si esta comisión prospera, lógicamente, estaremos facilitando el funcionamiento de la actividad comercial.

Y el servicio que ustedes plantean -el servicio de la competencia- tiene un carácter exclusivo para el sector comercial, y -como le decía en los planteamientos y las críticas que le hacía en relación con el conjunto del Proyecto de la Ley- está claro que es necesario que ahí tenga ese servicio un carácter más general para que, realmente, se pueda intervenir en la competencia desleal, puesto que una parte importante de la competencia desleal proviene de fuera del propio sector comercial. Y, en consecuencia, es otra enmienda que está en consonancia con la crítica que le hacía al Proyecto de Ley.

En definitiva, nuestro Grupo ha planteado un conjunto de enmiendas parciales que están en consonancia con las carencias que hemos visto en el Proyecto de Ley, y que seguimos reafirmándonos que el Proyecto de Ley, tal y como está en este momento, es rechazable, y de ahí nuestra Enmienda a la Totalidad del mismo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Para su turno de dúplica, señor Marqués, tiene de nuevo la palabra.

EL SEÑOR MARQUÉS LÓPEZ:

Gracias, Presidente. Procuraré ceñirme al tiempo que me da. Bien. Señoría, esta Cámara yo creo que hace leyes, no reglamentos. Yo creo que todos los sabemos. Luego el Ejecutivo responderá de esos... de esos reglamentos.

Por otra parte, también decirle que no me ha despejado ninguna duda entre las discrepancias que siguen existiendo entre su Enmienda a la Totalidad y sus enmiendas parciales. Bien. Pero, aparte de eso, yo le digo que voy a tomar la segunda parte, vamos a dejar la Enmienda a la Totalidad y vamos a plantear el seguir trabajando en las enmiendas parciales, seguir trabajando también con el sector -que por lo menos mi Grupo tiene el compromiso de seguir-, y también con los... con los usuarios y con los consumidores, que también es un elemento fundamental en esta Ley, para seguir haciendo la mejor... la mejor Ley.

Mire usted, la tasa, independientemente de la diferencia entre tasa y de... e impuesto -que, si quiere, podemos hablar todo lo que queramos de ello-, o sea, no pretende recaudar. La tasa no pretende recaudar; la tasa lo que pretende es cobrar por la necesidad que hay de estudiar una licencia complicada y compleja. Es decir, a la hora de planificarse una licencia de una gran área, bueno, pues hace falta estudiar un sistema complejo, y esa necesidad la tiene que hacer la Junta, y eso es lo que cobra: la necesidad de... la necesidad... ante la necesidad de hacer un estudio complejo.

Le decía también que hay otras instituciones y otras organizaciones del sector que no opinan como ustedes -la gran mayoría-, en la que han acogido favorablemente, bueno, pues el Proyecto de Ley. Es verdad que con algunas matizaciones, como la Asociación Vallisoletana de Comercio, que se ha mostrado satisfecha, y nos ha planteado algunas modificaciones que vamos a estudiar y que espero compartamos con ustedes los criterios que nos plantean; también la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Pues, mire usted, éstos han puesto pegas como ustedes, dicen que el Proyecto de Ley es muy restrictivo, y, evidentemente, que... dicen que frena el desarrollo de las grandes áreas. Nosotros creemos que no se frenan, sino se someten a un ordenamiento en función de una serie de criterios. El Consejo Regional de Comercio también la valora positivamente y plantea determinadas sugerencias. Y Conferco, al igual que el Consejo Regional de Comercio, la valora también positivamente, como necesaria, pero nos establece una serie de propuestas, que espero también, al igual que las demás, podamos... podamos estudiar.

En resumen, nosotros creemos la Ley como necesaria, que los argumentos presentados en esta Enmienda a la Totalidad carecen de justificación; creemos que están en discrepancia con lo planteado por ustedes en las enmiendas parciales. Por lo tanto, yo creo que hoy debemos de rechazar esta Enmienda a la Totalidad, precisamente para seguir trabajando en las enmiendas parciales, con un objetivo que debe ser el de hacer la mejor Ley de Comercio entre todos, con los mayores apoyos de esta Cámara -porque eso también tendrá que ser un objetivo-, y, desde luego, en contacto con el sector, para conseguir, desde luego, equilibrar la competencia entre las distintas formas de venta; y, sobre todo, yo creo que son... lo que creo yo que son los objetivos de esta Ley, que es el respeto al consumidor -yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes, fundamentalmente, en todos los sistemas que plantea-, el respeto al consumidor y, desde luego, buscando la modernidad y la competitividad, desde luego, muy especialmente del pequeño comercio.

Por lo tanto, espero que a partir de ahora podamos trabajar y podamos cumplir esos objetivos que, desde luego, el Partido Popular se ha planteado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Habiendo renunciado el Grupo Mixto a fijación de posiciones, procedemos a someter a votación la Enmienda a la Totalidad que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor de la Enmienda? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y ocho. Votos a favor de la Enmienda: veinte. En contra: cuarenta y siete. Y abstenciones: una. Rechazada así la Enmienda de Totalidad, el Proyecto de Ley de Comercio de la Junta de Castilla y León será remitido a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de este Cámara para que prosiga su tramitación reglamentaria.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día, último del mismo, que el señor Secretario enunciará. Se lo ruego.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Fomento y Coordinación General de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) en Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para la presentación del Proyecto de Ley, en nombre de la Junta, el Vicepresidente y señor Consejero de Educación y Cultura tiene la palabra.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Presentamos hoy ante esta Cámara el Proyecto de Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, una iniciativa legislativa que, sin duda, va a suponer un importante avance en el proceso de modernización de nuestra Comunidad.

En Castilla y León, y durante la última década, hemos experimentado una mejora importante en cuanto a los principales indicadores de I+D+I: gasto en investigación y desarrollo, gasto de innovación tecnológica empresarial, recursos humanos y esfuerzo público presupuestario en estas materias.

El planteamiento del Proyecto de Ley se ha realizado partiendo no sólo de los cambios internos positivos sobre los indicadores de I+D+I que se han conocido en Castilla y León, también se ha elaborado considerando el acelerado cambio del entorno internacional, del cual se debe citar al menos la imparable globalización, la difusión generalizada de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, la futura incorporación de nuevos países a la Unión Europea, así como la generalización de la tecnología y la innovación a todas las actividades económicas y a todo tipo de empresas.

La importancia de la política de I+D+I ha sido repetidamente puesta de manifiesto en los últimos años con el objetivo de consolidar un crecimiento sostenido a largo plazo que contribuya a nuestro desarrollo económico. El incremento del presupuesto público dedicado a estos fines debe contribuir también a estimular la participación de la iniciativa privada en estas actividades. Para ello se han de articular políticas que, favoreciendo en general las actividades de investigación científica, desarrollo e innovación, coordinen mejor las tareas científico-tecnológicas de los sectores público y privado, y logren no sólo reforzar la calidad de la investigación, sino también el valor de sus aplicaciones.

En este contexto, la opción de este Proyecto de Ley debe ser apoyar el sistema de ciencia y tecnología, empresa, sociedad, que permita que todo el esfuerzo llevado a cabo en este campo acabe repercutiendo en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos.

Es preciso señalar también en esta presentación que la definición de este Proyecto de Ley ha contado con la participación activa y la colaboración de las diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y León, las Universidades, los organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas. Todo ello con el fin de asegurar un tratamiento adecuado de sus prioridades estratégicas, así como con expertos de diversas procedencias para garantizar una correcta identificación de los temas prioritarios que deben contemplar un Proyecto de Ley de este tipo.

La finalidad de esta Ley es establecer una regulación sistemática de la actuación de la Junta de Castilla y León en materia de I+D+I y articular los mecanismos necesarios para afrontar la solución de nuestras debilidades. La Ley, en su objetivo principal, trata de primar la ordenación y promoción de las actividades de I+D+I, buscando la máxima coordinación.

En este sentido, sus fines se pueden concretar en: optimizar el conjunto de los recursos materiales y de infraestructura disponible, en dinamizar las inversiones privadas en I+D+I, en fomentar un mayor número de recursos humanos más abundantes y móviles, y hacer que el territorio de Castilla y León sea más dinámico, abierto y atractivo para los investigadores y las inversiones privadas de base tecnológica.

En relación con la definición de los órganos en materia de I+D+I, la Ley plantea la creación de dos órganos: por un lado, la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, que garantiza la coordinación y sinergias entre sus objetivos y la eliminación de duplicidad... de duplicidades e incompatibilidades entre las diferentes medidas, y el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnológica, que es el órgano de participación de la comunidad científica, de los agentes económicos y sociales y los responsables de programar la actividad científico-investigadora.

Otro de los aspectos que contempla la Ley en este Proyecto es la ordenación, sistematización y coordinación de las políticas en materia de I+D+I, que se realizará a través de la aprobación de las sucesivas estrategias regionales de I+D+I.

La estrategia regional será, así, el mecanismo integrador que fije los grandes objetivos para periodos plurianuales y ordene las actividades dirigidas a la consecución... a su consecución en programas a realizar por las distintas Consejerías con responsabilidad en la materia.

En relación con las medidas de fomento en esta materia, el Proyecto contempla, por un lado, el apoyo a la creación de nuestras empresas de base tecnológica. Por otro lado, el apoyo a la innovación como parte fundamental de nuestro desarrollo regional, abre el sistema a la inclusión, como parte de la política regional, de las iniciativas, en el ámbito de la innovación, que lleven a cabo en el nivel local. También, la introducción del I+D+I en todos los niveles de la enseñanza, y así como la movilidad del personal investigador, en clara correspondencia con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa. Es un instrumento de apertura de la política de I+D+I a los diferentes agentes sociales y económicos, favoreciendo el mecenazgo sobre la actividad investigadora.

No menos importante es el apoyo a la creación y actividad de centros tecnológicos regionales para, así, rentabilizar el tejido existente y no duplicar innecesariamente contenidos y funciones. En este caso, tenemos claro que los centros tecnológicos son un instrumento concebido exclusivamente para servir a la mejora de la competitividad de nuestro tejido productivo, y, por ello, parece lógico que en sus órganos de gobierno participen las empresas significativamente.

Pero también somos conscientes de que el punto fuerte de nuestro sistema Ciencia y Tecnología en los centros tecnológicos es la participación directa en ellos de la Universidad y los investigadores. Pretendemos, en todo caso, que se refuerce este extremo.

Finalmente, señalar que el Proyecto de Ley... en él se contempla la creación de una red regional de transferencia tecnológica. Como no podía ser de otra forma, un proyecto de estas características contempla también la inclusión, como parte de la política regional, de las iniciativas en el ámbito de la innovación que se desarrollen a nivel local. Esto será especialmente positivo en las áreas periféricas de nuestra Región, y, en resumen, permitirá introducir la variable de conexión... de cohesión territorial en estas políticas.

En resumen, Señorías, un proyecto de ley moderno, completo y que supone una respuesta coherente y coordinada y ordenada al reto de situar a nuestra Región en la vanguardia de este tipo de políticas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Consejero. Presentado el Proyecto, vamos a pasar al debate y votación de la Enmienda a la Totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista proponiendo la devolución de este proyecto a la Junta.

Para la defensa de la Enmienda, don Octavio Granado tiene la palabra.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores, señores Consejeros. Este Grupo Parlamentario presenta esta Enmienda a la Totalidad en la consideración... -y quiero ser en este sentido, desde el principio de mis palabras, reconocedor de una cierta paradoja de lo que es este trámite parlamentario-. Reconocemos la importancia de que en Castilla y León exista un Proyecto de Ley como el que en estos momentos estamos discutiendo. Y reconocemos la importancia de que el Proyecto de Ley venga a solucionar lo que tanto el Consejo Económico y Social como la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología venían en denunciar a la hora de informar este Proyecto de Ley, y es la existencia en estos momentos de una serie de lagunas legislativas y de lagunas en la acción pública en la Comunidad Autónoma que perjudican la buena realización de las actividades de investigación en esta Comunidad Autónoma, y, sobre todo, la imbricación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica con el mundo de la empresa.

El propio Proyecto de Ley, en este sentido, en su Exposición de Motivos, no es complaciente con la situación de partida de la Comunidad. Dice la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley: "La falta de correspondencia entre los recursos obtenidos y el volumen de recursos humanos disponibles, la todavía escasa coordinación y gestión de los programas establecidos por los poderes públicos, el todavía escaso esfuerzo en innovación tecnológica de las empresas castellanoleonesas, o el manifiesto desajuste entre las líneas de investigación desarrolladas y las necesidades reales del tejido empresarial dificultan seriamente la transferencia de los conocimientos obtenidos".

Reconozcan Sus Señorías que el panorama puede ser incluso un poquito desalentador. Estamos hablando de escasa coordinación, insuficiente gestión, escaso esfuerzo en innovación tecnológica, desajustes, etcétera. No parece que este sea el mejor panorama de un partido que lleva gobernando esta Comunidad Autónoma en los últimos dieciséis años, un buen panorama de la investigación y de la innovación tecnológica en nuestra Comunidad.

El Consejo Económico y Social reconoce este balance, un poquito pesimista, en el sentido de señalar que existe una situación de partida en nuestra Comunidad Autónoma... de partida favorable: tenemos cuatro Universidades Públicas, una privada de mucho prestigio, otras privadas de reciente creación, en las que se realizan actividades investigadoras; y tenemos empresas, sobre todo multinacionales, algunas radicadas en Castilla y León, que realizan actuación investigadora. Es decir, que tenemos ese balance de partida favorable.

Pero, a continuación, se señala: "Escaso...". Existen una serie de problemas que se deben tratar de eliminar: "Escaso peso específico de las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico en comparación con otras Comunidades Autónomas españolas y regiones europeas, falta de correspondencia entre los recursos obtenidos y el volumen de los recursos humanos disponibles, insuficiente esfuerzo de innovación tecnológica y desajuste en las líneas de investigación".

Es decir, existe una coincidencia entre los propios autores del proyecto, los agentes económicos y sociales de la Comunidad Autónoma y -como no podía ser menos- el Grupo Socialista en cuanto a que la situación de la investigación científica y la innovación tecnológica en nuestra Comunidad Autónoma es manifiestamente mejorable, y que es necesario un conjunto de actuaciones públicas para hacerlo así. Y desde ese punto de vista, el Proyecto de Ley puede ser esa palanca, esa palanca, ese punto de apoyo que necesitaba el sabio griego para poder mover el mundo. Este Proyecto de Ley puede ser una palanca que permita el desarrollo de las actividades de investigación científica e innovación tecnológica en nuestra Comunidad Autónoma.

Y, en ese sentido, este Grupo Parlamentario, que es crítico con el Proyecto de Ley, ha sido sensible a la necesidad de que la política de investigación sea una política de investigación acordada entre las principales fuerzas políticas de la Comunidad Autónoma. Porque las políticas de investigación son políticas de lenta maduración, y son políticas que necesitan continuarse en el tiempo a pesar de las alternancias políticas. Cada Grupo Político afronta la investigación científica y tecnológica desde sus valores y desde sus puntos de vista, pero, desde luego, tiene que haber estructuras comunes y tiene que haber puntos de reconocimiento que permitan que los investigadores se sientan apoyados por encima del color político del partido que gobierne los designios de esta Comunidad Autónoma.

Y, en este sentido, hemos atendido la llamada que se nos ha hecho desde la Junta de Castilla y León para desarrollar una serie de conversaciones sobre lo que podía ser el futuro del Proyecto de Ley y lo que podrían ser acuerdos globales o puntuales sobre este Proyecto de Ley. En este sentido, quiero reconocer desde esta tribuna la buena disposición tanto de la Junta de Castilla y León -representada en las conversaciones por el Director General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación y Cultura y por representantes de la Agencia de Desarrollo- como del Grupo Parlamentario Popular -representado en esas conversaciones por el señor Arvizu-.

Y también yo creo que ellos podrán apreciar que desde la Delegación que encabezaba don Ignacio Robles, el Secretario de Educación y Cultura de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista, los negociadores socialistas también hemos intentado estar a la altura de las circunstancias y llegar a acuerdos concretos sobre temas que nos preocupaban del Proyecto de Ley. Hemos podido incluso contar en estas conversaciones con la participación de personas que nos han aportado sus conocimientos en su calidad de investigadores, personas tan relevantes como el que fue Presidente de esta Comunidad Autónoma, don José Constantino Nalda, al que también, desde esta tribuna, quiero rendir un reconocimiento expreso a su papel en estas conversaciones.

Y después de estas conversaciones, ¿qué podemos decir los socialistas sobre el Proyecto de Ley? Bueno, hemos llegado a acuerdos importantes sobre el Proyecto de Ley.

En primer lugar, hemos llegado a un acuerdo que por ser más... por tener una apariencia algo retórica no deja de... no es en absoluto baladí, sobre los principios que deben inspirar el Proyecto de Ley. Estamos viviendo en estos momentos en España una serie de polémicas de contenido ético y deontológico sobre dónde pueden llevarnos algunas líneas de investigación abiertas en materia, sobre todo, de investigación biológica. Es muy importante que este Proyecto de Ley tenga unos principios consensuados entre todas las fuerzas políticas, porque, desde luego, los socialistas seguimos defendiendo la libertad de investigación en la misma medida en que desde las fuerzas de la derecha se puede considerar que hay reparos éticos a algunas líneas de investigación. Pero la ley debería permitir que, gobernando los socialistas o gobernando los populares en esta Comunidad Autónoma, ambas fuerzas políticas puedan desarrollar las políticas de investigación que consideran adecuados. Y, en este sentido, hemos acordado una fórmula, que es el sometimiento de la actividad investigadora a los principios constitucionales, que nos permiten hacer una interpretación legítima desde nuestras posiciones y desde nuestros valores, y desarrollar las políticas que queremos defender cada uno de los Grupos.

Hemos llegado a un acuerdo sobre que en esta Comunidad Autónoma debe haber una estructura gestora unificada de las políticas de investigación científica e innovación tecnológica. El Proyecto de Ley tenía un modelo que a los socialistas no nos gustaba: era el modelo de la Comisión de Directores Generales. Yo, en las conversaciones que hemos mantenido, me permitía a veces el pequeño estrambote literario -o casi yo diría que esperpéntico- de comentar que si los Directores Generales de esta Comunidad Autónoma tuvieran que reunirse en todas las Comisiones de Directores Generales... que a los que las leyes de estas Cortes les han convocado, no harían otra cosa que estar reunidos en Comisiones de Directores Generales; y que, en ese sentido, nos parece que no es la mejor fórmula de colaboración.

Nosotros proponíamos una agencia. La fórmula de coordinación ha quedado pendiente para que el partido que gane las elecciones autonómicas después de mayo pueda darle el rango al organismo administrativo que desee: podrá ser una consejería, una viceconsejería, una agencia, un organismo autónomo, un ente público de derecho privado; cualesquiera de las formas que valen... que sean reconocidas en Derecho podría servir para inspirar este organismo... este organismo central. Pero, sobre todo, lo que va a quedar claro es que en esta Comunidad Autónoma, en la próxima Legislatura, va a funcionar una estructura unificada que gestione las políticas de investigación.

Y esto es importante, porque en los últimos tiempos hemos trabajado en una dirección contradictoria, porque en los últimos tiempos hemos creado estructuras -como el Instituto Tecnológico Agrario, u otras estructuras, u otras Consejerías- que han ido segmentando, fragmentando y apartando de la Administración General las políticas de investigación de cada una de las Consejerías. Y es importante que rectifiquemos este camino y que vayamos en el camino de unificar y dirigir coordinadamente en la línea de lo que nos demanda el Consejo Económico y Social y que reconoce la propia Exposición de Motivos del texto, que es necesario mejorar la coordinación de las políticas de investigación a través de una estructura centralizada.

Esa misma reflexión es la reflexión que se hacen en Europa. En Europa están discutiendo pasar de la época de las comisiones de coordinación -que actualmente es el órgano que existe en la Unión Europea- a las agencias unificadas de control y de coordinación de la investigación. Y de la misma manera que la Unión Europea está poniendo en marcha su agencia, la Comunidad de Castilla y León, con un sentido futurista, pondrá en marcha, después de la aprobación de estas enmiendas, esa estructura central.

Hemos llegado a un acuerdo en incrementar las funciones del Consejo Asesor. Hemos llegado a un acuerdo en que la estrategia regional en materia de investigación e innovación tecnológica se base en un previo diagnóstico que tenga en cuenta el análisis DAFO -el análisis de Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades-, que va a ser la base central de ese previo diagnóstico para coordinar nuestras políticas investigadoras. Hemos llegado a acuerdos para implicar al conjunto del sistema educativo en las labores de investigación; evidentemente, existe ya una amplia implicación de la comunidad universitaria, pero también existe una cierta marginación de otros sectores de la educación, y en particular de la Educación Secundaria -y en esto hablo como un profesional de la Educación Secundaria-, y hemos conseguido que la ley haga una referencia explícita a la posibilidad de colaboración. Hemos llegado a un acuerdo que permite mejorar la movilidad de todo el personal que trabaja en programas de investigación. Hemos llegado a un acuerdo sobre definir en la ley las empresas de base tecnológica. Es decir, hemos llegado a un conjunto de acuerdos importantes.

Y, en este sentido, nosotros estamos satisfechos de esos acuerdos; y esos acuerdos verán la luz a través de enmiendas a las que el Grupo Socialista, desde luego, anuncia ya su apoyo; que no es necesario en la aritmética parlamentaria, pero sí es conveniente, a la luz de la necesidad de definir apoyos políticos a esta ley.

Y en estos momentos, ¿qué hace que el acuerdo no sea completo?, ¿qué hace que yo esté interviniendo en esta tribuna en este turno? Bueno, pues el acuerdo no es completo porque subsisten algunas discrepancias; algunas que yo estoy seguro de que vamos a corregir en la tramitación parlamentaria de este Proyecto de Ley, pero hoy es el día en que subsisten.

A nosotros nos gustaría que hubiera alguna referencia en el texto del Proyecto de Ley -y en esto creo que también mis colegas del Grupo Parlamentario Popular están de acuerdo- a la necesidad de que quede un reflejo explícito de la voluntad unánime de las fuerzas de esta Cámara de hacer un esfuerzo presupuestario en materia de investigación. Que haya una referencia... -sin ser necesariamente una referencia de texto imperativo- una referencia a la voluntad de incrementar los presupuestos de investigación; a nuestro juicio, eso es conveniente; las propias Cortes han aprobado una resolución en ese sentido en el Debate sobre el Estado de la Región, propuesta a la vez por diferentes Grupos, ¿no? En ese sentido, es necesario ese acuerdo.

A nosotros nos gustaría que hubiera alguna manera de recoger en el Proyecto de Ley la necesidad de que la innovación tecnológica en esta Comunidad Autónoma no tenga un único referente en el Parque Tecnológico de Boecillo. En esta Cámara hemos discutido, a iniciativa de los Procuradores de la Unión del Pueblo Leonés, muchas veces esta cuestión. Yo, desde luego, lo hago desde un punto de vista distinto. A mí me parece bien que la Comunidad Autónoma tenga un parque tecnológico, me parece bien; me parece, con toda sinceridad que, en casi cien mil kilómetros cuadrados, no debe ser la única referencia territorial, y que puede haber otro tipo de iniciativas, vinculadas a las Universidades, y que permitan que las empresas que hacen innovación tecnológica en esta Comunidad Autónoma no tengan como única referencia ese parque tecnológico, sino que pueda haber otro tipo de instalaciones, de parques científicos, de parques tecnológicos en el territorio de la Comunidad Autónoma. Creemos que es un tema que merece alguna consideración.

Creemos que merece alguna consideración, todavía, incrementar un poquito más las funciones del Consejo Asesor. Esta es una política en la que no sobra la sociedad civil; todo lo contrario. Todo lo que nos pueda aportar la sociedad civil será bienvenido.

Y tenemos una discrepancia muy explícita en un punto que puede parecer parcial, pero que -a nuestro juicio- tiene una importancia; y que la verdad es que, conforme hemos ido avanzando en la discusión del Proyecto de Ley, pues... y hemos conocido los argumentos, siempre solventes y razonables, de los redactores del Proyecto y del Grupo Parlamentario Popular, pues también es verdad que nos hemos encontrado con otros argumentos, igualmente solventes y razonables, que no hacen justificable esta inclusión del precepto que voy a comentar en el Proyecto de Ley, que es una cuestión que el Proyecto de Ley, desde luego, innova, desde el punto de vista del Derecho español, porque no hay ninguna legislación de ninguna Comunidad Autónoma que lo diga explícitamente así, y es la de que los centros tecnológicos regionales, centros de investigación y de innovación tecnológica en nuestra Comunidad Autónoma, tengan que tener mayoría de votos de las empresas en sus órganos de gobierno. Es decir, en estos momentos, la mayor parte de lo que llamamos convencionalmente centros tecnológicos dejarían de serlo con este Proyecto de Ley, porque no cumplirían ese requisito, bien por depender de la Universidad, bien por depender de otros agentes.

Nosotros no estamos de acuerdo con que esto figure en el Proyecto de Ley. Estamos de acuerdo en definir mejor la figura de los centros tecnológicos, estamos de acuerdo en que los centros tecnológicos vuelquen su actividad hacia la investigación aplicada y que trabajen fundamentándose en la aplicación de sus investigaciones al mundo de la empresa y al mundo del desarrollo económico; pero no estamos de acuerdo en que para ser un centro tecnológico deba, en un órgano de gobierno, constituirse una mayoría ad hoc de votos de empresa, de votos de representantes de las empresas.

Y, además, nos encontramos, señoras y señores Procuradores, con una paradoja en esta cuestión, y es la legislación estatal. La legislación estatal que nosotros hemos podido consultar, fundamentalmente el Real Decreto 2609/96 -que está en vigor-, por la que se regulan los centros de innovación y tecnología, no solamente no tiene este requisito, sino que, prácticamente, lo que tiene son requisitos contradictorios con esto; porque cuando se regulan los centros no se regula en modo alguno que tengan esta dependencia de la mayoría de votos de las empresas. Y cuando el Plan Tecnológico que está en estos momentos en vigor, aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Nación, habla de las modalidades de participación en el Plan Nacional, habla de centros públicos, centros privados de I+D sin ánimo de lucro y de centros tecnológicos, y dice que los centros tecnológicos son los centros de innovación y tecnología reconocidos y registrados como tales en el Real Decreto 2609/96.

Es decir, si aprobáramos el Proyecto de Ley tal y como nos ha venido presentado por la Junta, nos podríamos encontrar con que un centro de innovación y tecnología reconocido como centro tecnológico por el Gobierno de la Nación y subvencionado por el Plan Nacional de Innovación Tecnológica e Investigación no es reconocido como centro tecnológico por la legislación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y esto a nosotros nos parece un disparate. Y lo hemos dicho -y el señor Arvizu lo sabe bien- muchas veces, y hemos argumentado lo mejor que hemos podido, y nos hemos encontrado, hasta ahora, con que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en esta cuestión, que es una cuestión, evidentemente, parcial, pero que no es una cuestión baladí, porque supone, en la práctica, que la mayor parte de los centros tecnológicos que dependen del mundo universitario o de asociaciones empresariales -porque una asociación empresarial no es una empresa- en nuestra Comunidad Autónoma se iban a encontrar privados de la categoría de Centro Tecnológico Regional.

En conclusión, nosotros, en estos momentos, tenemos avanzado un proceso, en el cual ya hemos obtenido logros que a los socialistas nos permiten ser muy optimistas. Seguimos confiando en la enorme posibilidad que tenemos de encontrar un acuerdo global sobre este Proyecto de Ley. Pensamos que sería muy bueno para esta Comunidad Autónoma que existiera este acuerdo global sobre este Proyecto de Ley. Y fijaré, definitivamente, la posición de mi Grupo en torno a esta Enmienda a la Totalidad después de haber conocido las explicaciones que en esta Tribuna dé el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Porque, aunque somos conscientes de que en esta Enmienda a la Totalidad nosotros planteamos iniciativas importantes que permitirían -a nuestro juicio, lógicamente- una mejora del Proyecto de Ley, también somos conscientes de la necesidad de acuerdo político, que hace que, incluso, para mejorar y posibilitar y agilizar su tramitación parlamentaria, esta Enmienda, pues, pudiera ser retirada, y que el valor que tenga esa retirada permita hacer avanzar las posibilidades del acuerdo y de la negociación, que ya han fructificado ampliamente. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para ocupar un turno en contra, tiene la palabra don Fernando Arvizu.

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA:

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Antes de entrar en cuestiones más concretas, creo que es pertinente que desde el Grupo Parlamentario Popular se incida en cuestiones más generales que esta Ley plantea.

Y algunas cosas han sido dichas ya por el señor Consejero en su intervención, otras acaban de ser aludidas por el señor Granado en la suya; y yo, para evitar reiteraciones innecesarias, quisiera fijarme en siete puntos.

El primero, la situación de partida de la Comunidad Autónoma, que nosotros entendemos es especialmente favorable, tanto por la tradición de redes universitarias como también -aunque en esto, lógicamente, puede haber diferencias de enfoque- por la política del Gobierno Regional y por los indicadores, ¿eh?, en este campo, que son realmente positivos, y cuya lista tengo aquí, pero me parece que basta con decir lo dicho y evitar a Sus Señorías una cascada de cifras que iban a aportar poca luz al desarrollo de este debate.

En esta materia, como en tantas otras, debe de haber, es necesario que haya cambios; pero los cambios -y esta es la segunda idea en la cual yo quería insistir- son de diferente entidad y de diferente dificultad. No es lo mismo comprar equipos de apoyo -aparataje, entiéndase- cada vez más nuevo, cada vez más complejo, cada vez con mejores prestaciones, que cambiar la mentalidad de la gente, ¿eh? Porque esto es algo que arrastra, pues, lastre de aprendizaje, lastre de rutinas en el I+D+I, y, por lo tanto, es un esfuerzo que requiere de una actividad mucho más larga, mucho más continuada y, quizá, mucho más incisiva.

La tercera idea que conviene resaltar aquí es que la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha participado en todos los programas de la Unión Europea sobre I+D+I, hasta ser punto de referencia en todas las regiones europeas que son regiones Objetivo 1; naturalmente, con la situación inherente a las regiones de Objetivo 1, no con otras que ya no pertenecen a este objetivo y se encuentran, obviamente, en un estadio más avanzado.

Por esa razón, el Gobierno Regional ha presentado este Proyecto de Ley y la estrategia regional de I+D+I para facilitar un flujo constante entre ciencia, tecnología, innovación, empresa y sociedad.

La estrategia regional de I+D+I incide tanto en la investigación que se refiere a los actores como en la innovación que se refiere a los demandantes. En esta línea han ido Madrid, Valencia, Galicia, Cantabria, Cataluña y País Vasco. Han ido en otra línea diferente las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE, que distinguen entre un Plan Regional de Investigación y un Plan Tecnológico Regional. Son diferencias que -como ha dicho el Procurador señor Granado- no son baladíes, son programáticas, son fundamentales en las propias concepciones de esta actividad. Y aquí me parece que el... el acuerdo pudiera, acaso, revestir bastante dificultad.

Quiero incidir también, como idea fundamental, en que los centros tecnológicos regionales son un instrumento para la mejora de la competitividad del tejido productivo; y esa, y no otra. Y tampoco nosotros, aunque lo hemos intentado, no hemos logrado convencer a los representantes del Grupo y del Partido Socialista de esta realidad.

La cuestión de la mayoría de las empresas que ha suscitado, pues, polémicas prolongadas, nosotros entendemos que va justamente orientada a esa competitividad del tejido productivo, aunque en los centros tecnológicos participen directamente la Universidad y los investigadores, cosa que es inédita en España. Los centros tecnológicos regionales, a partir de esta Ley -no antes de esta Ley-, a partir de esta Ley, si esta Cámara le da su aprobación, serán instituciones sin ánimo de lucro. Y esto también es una nota realmente importante.

Por lo demás, la Ley creará -porque ya adelanto el acuerdo... o nuestro acuerdo a la... lo que ha anunciado el Procurador señor Granado- la estructura regional de I+D+I, pero tiene, además, la Comisión de Ciencia y Tecnología y el Consejo Asesor.

También quiero añadir que se trata de una Ley a la que quizá en algún momento se pudiera, desde una lectura poco atenta, calificar de inconcreta, no tanto porque se trate de una Ley con silencios calculados que permita el gobierno de partidos de signo político diferente, no. Nosotros creemos que esa situación no se va a dar ni a corto ni a medio plazo. Creemos que justamente esa posible ambigüedad incide en el deseo de cambiar los comportamientos, que necesitan de una acción prolongada y que, además, pueden variar en sus estrategias. Por eso no se ha querido descender hasta el detalle que a un lector poco atento podría parecerle deseable.

Efectivamente, a lo largo del verano -incluso en el mes de agosto- ha habido reuniones en la Consejería de Educación, en la Dirección General de Universidades, con su Director General al frente, y donde yo cometería una injusticia si no resaltase desde esta Tribuna el excelente trabajo de asesoramiento y de información que ha hecho don Juan Casado, de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Vaya desde aquí el agradecimiento de este Grupo.

Bien. Después de estas tres reuniones que se han celebrado a lo largo de este verano, las cincuenta y cuatro enmiendas del PSOE, que, en realidad -como ocurrió cuando se discutió la anterior Ley de Investigación, que fue la última Ley que se aprobó en esta Legislatura-, eran un texto alternativo. Y hemos llegado, pues, efectivamente, a seis puntos de desacuerdo, a los cuales ha dado lectura comentada el Procurador señor Granado, y por eso les hago gracia de su nueva relectura aquí.

Hemos llegado a acuerdos muy importantes; concretamente en trámite de Ponencia y, si no, de Comisión se presentarán quince enmiendas transaccionadas y pactadas entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular. Nosotros, por nuestra parte, presentaremos algunas enmiendas más, que son redaccionales o que mejoran sustantivamente el texto de la Ley; pero hemos dejado las cuestiones más de fondo para debatirlas en el trámite de Ponencia y de Comisión.

Efectivamente, de los seis puntos donde existe desacuerdo, hay tres en los cuales el acuerdo parece lejano; no diré imposible, porque en política no se puede decir nunca que un acuerdo es imposible. Pero sí quisiera dejar clara la posición de principio del Grupo Parlamentario Popular sobre tres de esos seis puntos en los cuales nos parece más difícil el acuerdo.

En primer lugar, pretende el Grupo Parlamentario Socialista que el Consejo Asesor informe las normas legales o presupuestarias de I+D+I. Entendemos nosotros que el Consejo Asesor es un órgano asesor, consultivo, y no debe obligatoriamente por ley invadir competencias que son propias del Ejecutivo.

Otro tanto pudiera decirse de otro punto de desacuerdo, en el sentido de que las Cortes intervengan en la elaboración de la estrategia regional de I+D+I. Esta -entendemos nosotros- es una competencia del Ejecutivo. Otra cosa distinta es que esta Cámara reciba información sobre dicha estrategia y que pueda, a raíz de ella, ejercer el control parlamentario que le es propio. A lo cual, naturalmente, el Grupo Parlamentario Popular no se niega.

Y, por último, la condición de los centros tecnológicos regionales con esa mayoría empresarial. Entendemos nosotros que la Ley marca un jalón nuevo, y que no es deseable volver al modelo de la Ley 5/92, ¿eh?, como creemos entender entiende todavía, o piensa, o defiende el Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que esto sería desandar el camino andado. Esa mayoría de las empresas en los órganos de dirección y gobierno, creemos que es imprescindible para asegurar la orientación al mercado de las actividades de los centros tecnológicos regionales.

Yo creo que en el debate previo, en el debate veraniego, debate que ha tenido calor, y no solamente por la época en que se ha desarrollado, sino por el clima y el deseo de acertar que nosotros hemos observado en el Grupo Parlamentario Socialista, representado por el señor Granado, y que creo que él habrá observado también -y lo ha reconocido así- en este Grupo Parlamentario, me hacen pedirle, a partir de este momento, o desde este momento, que retire su Enmienda. Que si hemos marchado -puede decirse- codo con codo en un asunto que es complejo, que es importante, y en el cual por las dos partes se ha puesto de relieve la voluntad de acertar, y de servir mejor a los ciudadanos y a los intereses de esta Comunidad Autónoma, debemos de seguir así en el trámite parlamentario, en Ponencia y en Comisión.

Y anuncio desde aquí que en algún otro proyecto de ley de importancia fundamental, como es la Ley de Universidades de Castilla y León, la Ley que en el ámbito regional desarrolla el reciente cambio legislativo abordado a nivel nacional, va a encontrar el Grupo Parlamentario Socialista, porque así lo quiere la Junta y el Grupo Parlamentario que la apoya, la misma voluntad de consenso y de colaboración para llegar hasta donde sea posible a posturas acordes.

Por lo tanto, nosotros, que seguimos manteniendo nuestra palabra y nuestro acuerdo por ambas partes manifestada, en este momento pedimos al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que retire su Enmienda a la Totalidad y que sigamos en la línea que desde el veintitrés de julio llevamos emprendida. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para un turno de réplica, tiene la palabra don Octavio Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Agradecer al señor Arvizu sus posiciones y su exposición, que yo creo que ha sido un relato preciso de lo que ha sido el proceso negociador, y, por otro lado, expresa -desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, pues, con bastante sentido común- la situación en la que nos encontramos, que es una situación, pues, en la que hemos llegado a acuerdos parciales y en la que tenemos otros desacuerdos parciales.

Desde luego, desde ese punto de vista, sería un exceso decir que en estos momentos subsisten las mismas razones que animaron a mi Grupo a presentar la Enmienda a la Totalidad, porque en estos momentos la... algunas de esas razones han quedado... han concluido con el acuerdo al que hemos hecho referencia en la tribuna.

En ese sentido, y en aras a conseguir que ese acuerdo llegue hasta los puntos en los que en estos momentos todavía subsiste el desacuerdo, y después de indicar que, de no ser así, nosotros no comprometemos en modo alguno el voto a favor a la totalidad del Proyecto, porque votaremos a favor donde hay... en los textos en los que hay acuerdo, y votaremos en contra de los textos en que haya desacuerdo; pero reconociendo que ha habido avances importantes, y que en estos momentos los desacuerdos, más que de totalidad, son parciales, anuncio, en nombre de mi Grupo, la retirada de esta Enmienda a la Totalidad.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Entiendo que al ser retirada la Enmienda a la Totalidad, concluye el proceso de este debate, y, por lo tanto, se levanta la sesión. Muchas gracias, Señorías.

(Se levanta la sesión a las doce horas cuarenta minutos).